El presidente Javier Milei instruyó a la Oficina Anticorrupción para que inicie las investigaciones oficiales necesarias "a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción" relacionados con el escándalo de la criptomoneda $Libra.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 114/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del mandatario, quién puso el sello antes de viajar a los Estados Unidos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

En paralelo, se estableció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) dentro del Ministerio de Justicia, con el propósito de recolectar información sobre el criptoactivo y "colaborar de manera ágil con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal".

Según especifica la normativa, entre las funciones de la UTI se encontrarán:

De esta manera, las investigaciones oficiales sobre el token promocionado por el propio mandatario, y por el cual miles de inversores en Argentina y el mundo perdieron todo su capital, comenzarán en las próximas horas.

¿Qué es la Oficina Anticorrupción?

Cabe recordar que la Oficina Anticorrupción (OA) es un organismo descentralizado que opera bajo la órbita del Poder Ejecutivo, a cargo de Javier Milei, quien es uno de los involucrados en esta investigación.

Su función principal es la prevención y el análisis de conductas que puedan estar comprendidas dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

"Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia", expresa el subapartado de la OA en el sitio web del Estado Nacional.

Este organismo tiene competencia sobre la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, incluyendo empresas, sociedades y otras entidades públicas o privadas que reciban financiamiento estatal.

No obstante, su alcance no abarca investigaciones dentro del Poder Legislativo, el Poder Judicial ni en las administraciones provinciales y municipales.

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