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El auge de las criptomonedas y tokens ha generado un ecosistema financiero innovador en Argentina, pero también complejo en términos regulatorios y de control de la legalidad. En el país, la promoción y publicidad está sujeta a diversas normativas clásicas que se aplican a todos los productos y servicios.
Si analizamos específicamente a los denominados activos digitales y las promociones, estos encuentran controlados como otros servicios en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y la Ley de Lealtad Comercial (Ley 22.802).
La Ley 24.240 protege a los consumidores en general frente a prácticas que puedan ser consideradas como abuso o engaño o que generen confusión. En este sentido, cualquier publicidad o promoción de criptomonedas y tokens debe cumplir con ciertos requisitos que establece la ley :
Las infracciones a esta ley pueden dar lugar a sanciones administrativas por parte de la entidad de control de la ley y también habilitar acciones judiciales por daños y perjuicios contra quien haya realizado la promoción.
Es importante destacar que si quien realiza la promoción recibió un pago o lo hizo de manera gratuita. En otras legislaciones, las promociones realizadas por personas o influencers debe contar con un detalle de que ha sido pagada.
Las promociones de inversiones por personas que no cuentan con vinculación con el proyecto o que lo analizan en términos genéricos deben contar con un disclaimer de información o un pie legal que explicite el análisis y que el mismo no es vinculante.
Se debe observar algunos elementos del caso para poder determinar que exista un delito. En el caso de promociones de un negocio específico –promoción de inversión– se debe observar la correspondencia de los delitos contra la administración pública del Código Penal, según lo que define el art. 265.
La acción directa que se realice para obtener un beneficio propio o para un tercero podría encuadrar en el caso de la promoción analizada, elementos que deberán ser investigados por las autoridades.
La Ley 22.802 establece que la publicidad debe ser leal, veraz y no engañosa. En el contexto de los criptoactivos, esto implica:
Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas, clausuras de actividades y, en casos graves, la inhabilitación para operar comercialmente.
Debe tenerse en cuenta también que las empresas que operen activos virtuales mediante la RG N° 994 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 25/03/2024 debe cumplimentar las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en caso de recibir fondos de personas o empresas argentinas.
La creación de este registro fue en respuesta a la modificación de la Ley de Lavado de Activos, impulsada por el Gobierno.
La promoción de estas actividades si es realizado en el caso de un funcionario público, además, tiene correlato en Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. En este caso se debe observar el principio general de probidad, rectitud, desinterés personal y observando siempre el bienestar general por sobre el particular.
Las acciones del funcionario público deben orientarse específicamente a las actividades públicas y no a fomentar actividades privadas si no es una medida de gobierno.
En caso de que un funcionario público promocione una actividad privada podría interpretarse como un beneficio otorgado a una empresa o individuo, lo que generaría un conflicto de interés.
La Ley de Ética también contempla que no pueden usarse los recursos públicos o el acceso a canales oficiales –las cuentas de redes sociales personales son consideradas públicas según la investidura– para promocionar actividades no relacionadas con el cargo.
Las acciones de funcionarios públicos deben ser observadas por la Oficina Anticorrupción y deben observarse controles y establecerse guías de manejo en redes sociales y límites a promociones de actividades privadas que puedan violar los deberes de los funcionarios públicos.
Las actividades que tienen menor regulación por ser innovadoras y modernas requieren un acompañamiento estatal y regulatorio.
En este caso, para el mercado cripto es recomendable que quienes promocionan estos activos en Argentina adopten medidas preventivas para evitar conflictos legales:
La transparencia y el cumplimiento normativo resultan esenciales para garantizar la confianza del público y evitar consecuencias legales.
Las acciones privadas tienen repercusión y deben ser observadas por las autoridades en todos los casos. Las acciones públicas realizadas por funcionarios tienen que tener además especial atención y control de las autoridades, ya que existen normas complementarias para evitar abuso de autoridad y que el cargo no autorice el incumplimiento de las normas.
Guillermo Navarro es es abogado especialista en Temas de Derecho Tecnológico y director de Bildenex Abogados