El Gobierno Nacional amplió el alcance del ciberpatrullaje para combatir delitos informáticos e incluyó a las estafas con criptomonedas.
La medida se oficializó este lunes, a través de la Resolución 1330/2024 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Patricia Bullrich.
De esta manera, se incorporó al "Delito de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos" como uno de los ejes en los que las fuerzas policiales y de seguridad federales "desarrollarán labores preventivas en el espacio cibernético".
Entre los funcamentos de la medida, se advierte un "avance de transacciones relacionadas con criptoactivos, así como la utilización de plataformas tecnológicas para su uso y difusión" lo que "está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistidos y ciberdependientes con un gran número de víctimas de todos los estratos sociales y económicos".
Respecto a las maniobras delictivas detectadas, se destacan "las estafas coloquialmente denominadas "piramidales", donde se busca captar ahorros a modo de supuestas inversiones prometiendo retornos irreales en moneda de curso legal, extranjera o en activos virtuales", como ocurrió con el caso de RainbowEx en San Pedro, con aproximadamente 20.000 personas afectadas en una localidad con 70.000 habitantes.
Cabe recordar que el ciberpatrullaje fue implementado en mayo de este año mediante la Resolución 428/2024, que permitió llevar adelante labores preventivas contra delitos en entornos cibernéticos para ciertos hechos puntuales. Estas actividades se desarrollan en sitios de acceso público, incluidas redes sociales, bases de datos abiertas, páginas de Internet, la Dark Web y otros espacios relevantes de acceso público.
Aunque esta normativa no abarcaba operaciones con criptomonedas ni las posibles estafas vinculadas, un tipo de delito que ha proliferado en el último tiempo. Esto suele ser frecuente en escenarios económicos adversos y en una era digital donde, al igual que ocurre con la ludopatía y el juego online, las promesas de "inversión fácil" parecen estar a la orden del día, atrayendo a quienes buscan obtener ganancias rápidas.
Sin embargo, surgen dudas sobre si esta medida del Gobierno Nacional implicará o no algún cambio para los usuarios de exchanges y billeteras virtuales de criptomonedas, especialmente en lo que respecta a la seguridad de sus datos.
En este sentido, Julián Colombo, Director General de Bitso Argentina, aclara a iProUP que esta disposición "solo formaliza el hecho de que se vigilará que no haya intermediación financiera no autorizada utilizando cripto".
Esto significa que "está 100% apuntada a las compañías o personas que operan de manera irregular".
Por eso, asegura a este medio que "sin dudas" no afectará a aquellas billeteras virtuales o wallets que estén registradas como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Cabe recordar que las PSAV, como reglamentación cuya finalidad es identificar a las personas humanas y jurídicas que proveen en el país servicios relativos a criptoactivos, fueron creadas por recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como parte de los trabajos de prevención de lavado de dinero.
Por eso, esta nueva norma del Ejecutivo no las incluye, ya que estas ya deben responder ante los organismos gubernamentales, que no solo abarcan a la CNV, sino también a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Esto, en cambio, no sucede con aquellas actividades que afirman trabajar con criptomonedas pero que se encuentran en una situación irregular o que, como ocurrió con RainboxEX y tantas otras, aseguraban que en su plataforma se podría invertir en criptoactivos con retornos irrisorios, lo que llevó a que muchas personas ingresaran y perdieran mucha plata en el proceso.
Estas últimas son las que, con esta medida, el Gobierno Nacional busca tener "bajo la lupa"; para evitar que, en un contexto histórico de adopción cripto en el país, que se posiciona como uno de los referentes a nivel regional y mundial, proliferen los casos de estafas y se 'manche' la reputación del ecosistema.