La Comisión Nacional de Valores llevó a Consulta Pública su proyecto de regulación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que abarca tanto a empresas como personas que ofrecen prestaciones cripto a usuarios.
El proyecto crea diferentes categorías según los servicios que se ofrezcan y fija las siguientes obligaciones:
Si bien parte de la industria apoya (con reparos) la regulación, en la comunidad cripto local aseguran que afecta a los derechos de los usuarios y que puede generar que operar estos activos sea más caro, justo en un momento en el que Bitcoin pasó los 100.000 dólares.
En efecto, la ONG Bitcoin Argentina pidió que se desestime el proyecto, al advertir sobre los riesgos que puede significar para el ecosistema argentino, a la vez que propone una alternativa que prioriza la libertad económica y la protección del consumidor.
La ONG argumenta que la regulación propuesta, aunque busca cumplir con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero, generará efectos perversos para el sector.
"Vivimos en Argentina una oportunidad única para apostar a la desregulación, a mantener la libertad que tan buenos resultados dio hasta ahora para el crecimiento de un ecosistema sano y que es modelo para el resto del mundo", comenta a iProUP Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina.
Mihura recalca que "estas propuestas fueron hechas en el marco formal del proceso consultivo abierto que impulsó la CNV".
Cuando iProUP consulta al referente sobre el ida y vuelta con el organismo, el letrado responde que "es muy relativo e intermitente nuestro diálogo con CNV. Ellos están trabajando más con la Cámara Fintech, según lo manifestaron públicamente varias veces".
Mihura espera que el organismo tome nota de algunas de las correcciones que presentó a la CNV se encuentran:
En lugar de una regulación exhaustiva, la ONG Bitcoin Argentina impulsa un enfoque más minimalista, centrado en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Así, propone
"Creemos que es aconsejable tomarse los tiempos técnicos necesarios para analizar si una regulación de los PSAV realmente aporta valor a la comunidad", sostiene a iProUP el cofundador de la ONG Bitcoin Argentina Rodolfo Andragnes.
A pesar de que la entidad aboga por la desregulación total o parcial de los PSAV, reconoce la posibilidad de que la CNV siga adelante con la normativa actual. En este sentido, presentan una serie de propuestas concretas para mitigar los potenciales efectos negativos de una regulación excesiva y garantizar un entorno propicio para la innovación en el sector.
"Los sujetos exceptuados de las obligaciones registrales no pueden limitarse a quienes operen menos de u$s35.000 por mes, porque dejaría afuera prácticamente a todas las Pymes y cuentapropistas del sector, dado que con la rentabilidad de un negocio tan pequeño es imposible afrontar los costos regulatorios", menciona a iProUP Manuel Ponce, secretario de la Comisión Directiva y miembro de la Comisión de Marco Regulatorio de la ONG.
Por su parte, Marcos Zocaro, contador y miembro de la comisión directiva, expresa su preocupación por los requisitos financieros impuestos a los PSAV. En particular, cuestiona la exigencia de una simple certificación de patrimonio mínimo.
"Si se van a imponer requisitos de solvencia a los PSAV, sería aconsejable exigir la presentación periódica de los Estados Contables auditados y no de una simple certificación sobre el cumplimiento del patrimonio neto mínimo, que iguala a los más solventes con los que apenas llegan al monto mínimo".
La propuesta subraya que la mayoría de los criptoactivos se negocian en plataformas internacionales, fuera del alcance regulatorio de la CNV. Esto expone a los inversores argentinos a un alto riesgo de fraude y manipulación del mercado, ya que el regulador no puede verificar la legitimidad de los proyectos ni garantizar la seguridad de los fondos.