El Gobierno obtuvo u$s1.000 millones que le permitirán mantener las tarifas "sociales" en electricidad y transporte, según anunció el Banco Mundial, organismo que otorgó dicho crédito.
El proyecto fue inicialmente acordado en octubre e integra un total de cuatro programas por u$s2.000 millones: u$s500 millones cada plan.
El Gobierno recibirá 1.000 millones de dólares del Banco Mundial
Del total que desembolsará el organismo, se informó que u$s500 millones se destinarán al "apoyo a la sostenibilidad y equidad del transporte público".
De este modo, se podrá garantizar la continuidad de la tarifa social en el transporte, que brinda un descuento del 55% en la tarifa en 61 localidades del país utilizan la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Esta tarifa está dirigida principalmente a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. Además, incluye el sistema nacional de boleto integrado, que ofrece un 50% de descuento en el primer transbordo y un 75% en los siguientes.
El Banco Mundial indicó que el proyecto apuntará a "optimizar las rutas de colectivos para que coincidan con los patrones de movilidad actuales y en evolución, lo que mejorará la eficiencia y reducirá la superposición de los servicios".
Además, brinda un enfoque de prevención y respuesta al acoso sexual en el transporte público, ya que la iniciativa buscará brindar capacitaciones tanto a inspectores como a conductores.
u$s500 millones para el sector energético
Mientras que el monto restante servirá de "apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable". La idea es que ese dinero se use en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), que maneja los subsidios energéticos.
En ese sentido, el organismo financiero expresó: "Se espera que el esquema de subsidios sea más eficiente y (...) reduzca el consumo eléctrico".
Ambos préstamos son de margen variable, reembolsables en 32 años y con un período de gracia de 7 años.
La inversión del organismo internacional llega luego de que el Gobierno prorrogase el estado de emergencia del sector energético nacional hasta julio 2025, buscando garantizar la prestación continua y adecuada de estos servicios públicos esenciales.