El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la primera fase del blanqueo de capitales logró alcanzar los u$s22.500 millones, con un foco en la declaración de dólares y efectivo.
De ese total, aproximadamente u$s20.085 millones corresponden a dinero en efectivo declarado hasta el momento, según informó el funcionario en la red social X.
Además, Caputo destacó que se han declarado otros u$s2.432 millones provenientes de cuentas bancarias, activos financieros y bienes registrables, como parte de la regularización de activos.
Varias provincias decidieron avanzar con la aplicación de un impuesto especial sobre los contribuyentes que adhirieron al Régimen de Regularización de Activos.
La agencia de noticias NA informó que, entre los casos confirmados, están Neuquén y Salta, que ya formalizaron estos nuevos tributos al suscribirse al régimen nacional.
Santa Fe, por su parte, se encuentra avanzando en un proyecto de ley con el mismo propósito.
En Neuquén, la legislatura aprobó la Ley 3450, que establece el Régimen Provincial de Regularización de Activos y exige un tributo especial a quienes se adhieran al blanqueo nacional, en compensación por la exención de Ingresos Brutos.
Este impuesto provincial sigue una escala similar a la nacional, gravando los bienes regularizados cuando superen los u$s100.000, con tasas que van del 0,75% al 1,25% según el momento de adhesión.
Por su parte, Salta introdujo el Régimen Excepcional y Transitorio de Medidas de Alivio Fiscal mediante la Ley 8461, que impone un "Impuesto Especial de Regularización" equivalente al 10% del tributo nacional aplicable bajo el marco de la Ley 27.743, y establece condiciones estrictas para acceder a los beneficios fiscales provinciales.
Santa Fe aún no aprobó la medida, pero presentó un proyecto de ley para implementar un tributo sobre los activos blanqueados, estableciendo una alícuota del 2% sobre el excedente de u$s100.000.
Según el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, el monto abonado podrá usarse como anticipo de obligaciones fiscales futuras, con un enfoque en incentivar la inversión y el cumplimiento fiscal.
Esta estrategia de imponer impuestos adicionales en el ámbito provincial se asemeja a medidas tomadas en blanqueos anteriores, como el aplicado en La Pampa durante el gobierno de Mauricio Macri, que generaron litigios judiciales sobre la territorialidad de la potestad fiscal.
Con este antecedente, se espera que las nuevas leyes provinciales puedan derivar en futuras presentaciones judiciales y potenciales fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación