En medio de la controversia por la suspensión de la obra del nuevo centro de distribución que Mercado Libre había previsto en La Matanza, líderes de La Libertad Avanza (LLA) solicitaron la revocación de la inhabilitación.
Estos dirigentes expresaron su deseo de que el proyecto pudiera seguir adelante con su planificación, enfatizando la necesidad de un cambio en la visión del país.
"En Argentina, la desburocratización, la reducción de regulaciones y la promoción de la libertad económica y comercial son los principios fundamentales de este gobierno", declararon los dirigentes de LLA en su defensa.
El partido oficialista anunció, a través de un comunicado en su cuenta de X, que Mercado Libre recibió una medida cautelar que permite levantar la clausura dispuesta por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
Esta clausura fue impuesta bajo la acusación de que la obra no contaba con las habilitaciones necesarias por parte del municipio, generando un conflicto entre el sector privado y las autoridades locales.
En el mismo comunicado oficial, se subrayó que, como resultado de la confianza en el país, el fundador de la empresa, Marcos Galperin, ha realizado una nueva inversión de 75 millones de dólares, lo que contribuirá a crear más empleos para los argentinos.
La publicación también resaltó la presencia de destacados referentes del partido libertario, como los diputados nacionales José Luis Espert, Santiago Santurio y Juliana Santillán, quienes apoyaron al empresario Marcos Galperín.
Este apoyo fue interpretado como un rechazo a la sanción del intendente kirchnerista, quien, según los funcionarios, forma parte de un régimen populista que desincentivó las inversiones y las actividades del sector privado.
Los dirigentes expresan que esta ideología condujo a un "estrepitoso fracaso económico y social", cuyos efectos aún se perciben en la actualidad.
Según sus declaraciones, esta ideología ha llevado a un fracaso económico y social evidente, cuyas repercusiones se sienten en la actualidad.
"Estamos experimentando un cambio de visión en Argentina, donde la desburocratización y la libertad económica son las prioridades de este gobierno", afirmaron, concluyendo que solo así se podrá alcanzar la prosperidad en el país.
La clausura del centro de distribución de Mercado Libre tuvo lugar el 22 de octubre, cuando el empresario denunció en su cuenta de X que dicha medida era "arbitraria y discrecional", afirmando que no había fundamento legal para la acción.
Criticó los argumentos del municipio, subrayando que la obra contaba con todas las autorizaciones necesarias otorgadas por la autoridad competente, además de señalar que la Municipalidad de La Matanza no tiene jurisdicción sobre el Mercado Central.
Esto se debe a que el Mercado Central es un ente tripartito administrado por la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
En respuesta a esta situación, Leila Gianni, ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, presentó una denuncia contra el intendente Fernando Espinoza, acusándolo de presunto "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
Según la denuncia, estas acciones no solo perjudican la economía local, sino que también afectan un proyecto crucial valorado en 75 millones de dólares, que promete la creación de 2.300 puestos de trabajo.
En su defensa, el intendente sostuvo que, como en cualquier jurisdicción del país, es necesario solicitar la habilitación municipal para cualquier obra.
Espinoza aclaró que, debido a la naturaleza del proyecto, se deben considerar múltiples aspectos normativos establecidos por la legislación provincial. Sin embargo, la denuncia también abarca a cualquier persona que haya participado en los hechos.
Hasta el momento, el Municipio de La Matanza no ha ofrecido una respuesta oficial a las acusaciones ni a la resolución que favoreció a Mercado Libre.