El gobierno del Salvador encabezado por Nayib Bukele negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la adopción del Bitcoin (BTC) como moneda oficial en ese país centroamericano.

Julie Kozack, directora de comunicaciones del organismo, admitió que la criptomoneda sigue siendo un tema clave en las negociaciones para firmar un acuerdo con El Salvador.

"Lo que hemos recomendado es limitar el alcance de la Ley de Bitcoin, fortalecer el marco regulatorio y la supervisión del ecosistema y limitar la exposición del sector público a bitcoin", indicó Kozack.

Durante agosto de 2024, el FMI anunció que se había llegado a un acuerdo con el gobierno de Bukele, pero su temor es que la adopción de BTC se masifique en El Salvador, algo que las autoridades advirtieron como algo "muy peligroso".

Las críticas principales se centran en los artículos 1, 7 y 8 de la Ley, que hacen de BTC una moneda legal, fomentan su uso como forma de pago y piden al Estado apoyar transacciones con BTC.

Sin embargo, como el nivel de adopción de la divisa digital es bajo, el FMI consideró que "muchos de los riesgos aún no se han materializado".

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Aun así, insisten en que se necesita de mucho esfuerzo para reducir los riesgos fiscales y financieros que presenta el Proyecto Bitcoin.

El Salvador accede a realizar cambios para cerrar el acuerdo

En el avance de las negociaciones, el gobierno de Bukele accedió a realizar cambios en la regulación de la criptomoneda, pero sin tocar la Ley Bitcoin.

Jerson Posada, ministro de Hacienda en El Salvador, garantizó que implementarán algunas de las medidas pedidas por el organismo para firmar el acuerdo. 

Por ejemplo, presentarán un presupuesto autofinanciado para 2025, algo que Julie Kozack calificó como un "buen paso" para "fortalecer las finanzas públicas".

Para el fondo es necesario debatir sobre la divisa digital y sobre su límite de adopción en el sector público.

La meta de El Salvador es lograr un acuerdo para implementar un nuevo programa respaldado por el FMI que le otorgue al país una entrada de u$s1.300 millones para estabilizar la economía y realizar ajustes macroeconómicos.

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