En medio de conflictos entre el Gobierno y diferentes gremios, y la promulgación de aspectos de la Reforma Laboral incluida en la Ley Bases, el Congreso analiza por estas horas avanzar con el debate para establecer un marco legal a la actividad de los repartidores que conforme tanto a los trabajadores del sector como a la parte empresaria.
Se trata de la actividad que realizan los trabajadores de las aplicaciones que, básicamente, se encargan de brindar servicios de reparto de comidas y paqueterías a domicilio. En Argentina, la más conocida es PedidosYa, que llegó en 2010 y fue pionera en el delivery de restaurantes, seguida por Rappi, que se lanzó en 2018 y hoy es su competidor más fuerte.
Es que, el auge de estas empresas es cada día mayor en todo el país, pero la falta de una normativa específica que proteja a las partes involucradas pone en alerta a los legisladores.
Hasta el momento, hay dos proyectos que tienen estado parlamentario: uno de Cristian Ritondo (PRO) y otro de Vanesa Siley (Unión por la Patria). Ambos pretenden establecer un marco legal que regule la actividad pero con matices.
En este contexto, la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical Martín Tetaz, aún no puso el tema en agenda. Si bien en el entorno del legislador afirman a iProUP que "no está en temario inminente" de la comisión, allegados al economista confirman a iProUP que como el tema cuenta con el aval de las empresas, no descartan que se pueda avanzar en las próximas semanas.
La iniciativa de Ritondo, presentado en 2023, busca otorgar, entre otras cuestiones, la independencia y libertad de los ciclistas. Según allegados al diputado del PRO, la iniciativa fue consensuada con los mensajeros, empresas de plataformas y emprendedores gastronómicos.
"El proyecto busca garantizar los intereses de cada una de las partes y fundamentalmente que los repartidores puedan desarrollar su trabajo en forma independiente, autónoma, y con mayor seguridad; al tiempo que favorece el crecimiento y desarrollo de la actividad", afirma Ritondo en los fundamentos de la iniciativa.
Según el diputado, "es una industria que está creciendo y genera miles de puestos. Por eso, los trabajadores deben estar contemplados en una ley que les permita continuar con la autonomía que ya tienen", señaló.
"La economía de plataformas es clave para la inclusión socioeconómica y el desarrollo de millones de jóvenes en la Argentina. Nuestro proyecto establece un marco normativo moderno, con derechos y obligaciones claras para todos los actores", escribió en X el presidente del bloque PRO. La iniciativa busca promover la "libertad de conexión", es decir, que los repartidores puedan trabajar según su conveniencia y bajo sus propios horarios.
Entre otras cuestiones, establece que los trabajadores tengan el derecho a rechazar pedidos sin justificación, recibir explicaciones sobre bloqueos, solicitar portabilidad de datos, acceder a capacitaciones gratuitas, contar con un seguro de accidentes personales, percibir el 100% de las propinas, conectarse sin periodicidad mínima, elegir la zona de trabajo y prestar servicios por el tiempo que consideren conveniente.
Además, fija "esquema de flexibilidad", en el que el mensajero pueda aportar bajo la categoría de monotributo. En números concretos, un repartidor en la Argentina puede generar, trabajando 40 horas semanales en horarios pico, entre $400.000 y $500.000 por semana, según estimaciones de las empresas.
La diputada y dirigente del gremio de los empleados judiciales, Vanesa Siley, presentó el año pasado una iniciativa que propone dar libertad a los trabajadores para decidir día, lugar, horario y tiempo de permanencia en la conexión, pero establece que la relación entre los prestadores de servicios y las aplicaciones es de carácter laboral, actuando supletoriamente la Ley de Contratos de Trabajo.
La iniciativa incorpora también derechos tales como seguros, elementos de protección, transparencia algorítmica, soporte humano y portabilidad de datos, a la vez que crea una comisión tripartita como ámbito para dictar decisiones sobre la actividad.
Otra novedad que se establece en el proyecto es la obligación por parte de las empresas de disponer de estaciones sanitarias para los repartidores, según se establezca por vía reglamentaria, en función de las particularidades propias de la actividad, en coordinación con los municipios y la Ciudad.
"Venimos a proponer una modernización con derechos, una herramienta concreta que atiende una nueva realidad y busca proteger a las personas que trabajan", asegura Siley.
Además, el proyecto aclara que la actividad no es incompatible con los beneficios de los programas sociales, educativos y de empleo de los que fueran beneficiarias las personas trabajadoras de esta actividad.
También que la empresa de plataforma digital de servicios deberá proporcionar a la persona capacitación, un casco de protección, rodilleras y coderas para quien utilice una bicicleta o moto para prestar sus servicios y un seguro de daños sobre los bienes personales que utiliza el trabajador y sobre terceros.
Por último, establece que los repartidores trabajadores gozarán de un período de vacaciones por año calendario conforme su antigüedad, sin penalidad contra su reputación digital.