La regulación de las criptomonedas en los Estados Unidos es un tema en pleno debate, incentivada en el último tiempo por las elecciones presidenciales que enfrentan a la demócrata Kamala Harris con el republicano Donald Trump.
Una de las principales discusiones regulatorias es determinar la clasificación de las criptodivisas como tal, ya sea como valores, commodities o algún otro tipo de activo.
En este sentido, se dio a conocer que múltiples agencias federales estadounidenses llevan a cabo una revisión de ciertas normativas, con el fin de establecer un marco regulatorio sobre Bitcoin (BTC) y las altcoins.
Las entidades estatales buscan revisar el concepto de "dinero" para establecer nuevos requisitos de presentación de informes que involucran a instituciones financieras a la hora de ejecutar operaciones con criptomonedas nacionales y transfronterizas.
Según un informe de la agenda regulatoria semestral del Departamento del Tesoro, el objetivo es redefinir el significado de dinero como tal empleado en la Ley de Secreto Bancario para encuadrar a los criptoactivos.
La Oficina del Tesoro pretende garantizar que las normas rijan al dinero tradicional y a las criptomonedas por igual, entendidas estas últimas como "un medio de intercambio que tiene un valor equivalente a la moneda fíat o actúa como sustituto de la misma, pero que carece de estatus de curso legal".
Así, al incluir a las criptodivisas dentro de la ley aprobada en 1970, se exigirá a bancos y a compañías del ecosistema, informar al gobierno sobre cualquier transacción superior a los u$s10.000.
A su vez, se espera una supresión de la ley de secreto bancario, que obliga a las entidades financieras a no revelar a terceros, sin causa justificada, información sobre sus clientes; en casos cuando las instituciones tributarias buscan explícitamente la información de un contribuyente, o cuando hay un mandato judicial que posibilita realizar pesquisas criminales.
La medida también ampliará los requisitos de presentación de reportes sobre los movimientos con activos virtuales, incluyendo las monedas digitales de bancos centrales (CBDC).
La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (FED) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (Fincen) son otras de las agencias que participaron de la discusión.
De acuerdo al documento del Departamento del Tesoro, se busca "mejorar la transparencia y combatir posibles actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas".
La revisión final del borrador definitivo de la propuesta reglamentaria está programada para 2025, cuando se espera que se proceda a su aprobación. Para entonces, se sabrá quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos, en vísperas de una posible entrada en vigencia.