Legisladores rusos emitieron un proyecto de ley para avanzar en la regulación de las criptomonedas, impulsados por la necesidad de encontrar alternativas para comerciar con otras naciones ante las sanciones de Estados Unidos y sus aliados occidentales.
Luego de su tratamiento en el Parlamento, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio el visto bueno para la normativa que legaliza la minería cripto en Rusia, este 8 de agosto.
La medida busca encontrar un salvoconducto en las criptodivisas para escapar a las sanciones impuestas por países y organismos multilaterales de todo el planeta, tras la invasión a Ucrania llevada a cabo desde febrero de 2022.
La normativa introduce conceptos fundamentales de la actividad, e incluye la minería de moneda digital, grupos mineros, operadores de infraestructura minera e identificadores de direcciones.
De acuerdo a lo informado por la agencia TASS, a partir de ahora, las actividades mineras serán reconocidas por ley como parte de la facturación del negocio, en lugar de la emisión de activos digitales. La flamante ley también hará posible el comercio de activos digitales extranjeros en plataformas blockchain rusas.
Además, se mencionó que solo personas jurídicas rusas y empresarios individuales inscritos en un registro tendrán derecho legal a minar.
La legislación también permite participar a personas en actividades de minería de menor escala sin necesidad de inscribirse en el registro, solo en caso de no exceder los límites de consumo de energía pautados por el gobierno ruso.
En tanto, se reveló que el Banco de Rusia conservará la autoridad para prohibir la colocación de determinados criptoactivos en caso de considerarlos una "amenaza para la estabilidad financiera de la Nación". El Ministerio de Finanzas y un selecto gabinete de ministros dentro del gobierno ruso también participarán de estas decisiones.
Según lo reportado, Putin sostuvo en reiteradas oportunidades que las monedas digitales representan un ámbito económico prometedor, por lo que es importante que Rusia "aproveche el momento" para establecer un marco jurídico y una regulación acorde.
La regulación entrará en vigencia diez días después de su publicación oficial, aunque se prevé que su implementación se lleve a cabo recién en noviembre de 2024.