En Argentina, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es una herramienta fundamental para garantizar un piso de ingresos a los trabajadores.
Este concepto, esencial en la estructura económica y social del país, se define como la remuneración mínima que un trabajador debe recibir para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.
En el contexto de una economía marcada por una inflación persistente, con un índice anual proyectado en un 71,90%, la actualización del SMVyM se vuelve crucial para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
Este ajuste no solo impacta directamente en quiénes perciben el salario mínimo, sino que también tiene un efecto indirecto en la economía en general, ya que influye en los niveles de consumo y en el bienestar social.
A partir de mayo de 2024, el Gobierno Nacional estableció el valor del SMVyM en $234,315.12.
Este incremento se implementó tras no llegar a un acuerdo en el Consejo del Salario y se realizó mediante la Resolución 9/2024.
Un aumento del SMVyM tiene múltiples repercusiones:
Por otro lado, también presenta desafíos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, a las que les puede significar un incremento en sus costos operativos, lo que podría llevar a ajustes en sus estructuras laborales o precios de productos y servicios.
Pese a todo, un aumento puede resultar esencial para asegurar que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo en un entorno económico adverso.
El Gobierno Nacional convocó al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) a reunirse el próximo 18 de julio a las 14:30.
El encuentro se llevará adelan te de manera virtual y estará encabezado por el subsecretario de Trabajo, Martín Huidobro.
Con una inflación que en mayo fue del 4,2% y que se espera ronde el 5% en junio, los representantes de los gremios buscan un incremento del salario mínimo que compense el costo de vida de los trabajadores.
Por ello, dentro de dos semanas se reunirá el Consejo, del que forman parte representantes de empleadores y sindicales, con el objetivo de fijar el valor del sueldo mínimo y el monto de la prestación por desempleo.
Si no hay acuerdo entre las partes, nuevamente será el Gobierno quién intervendrá para resolver la cuestión y decidir el número final.