En una entrevista con The Economist en septiembre pasado, Javier Milei, entonces candidato presidencial, delineó su visión de una sociedad ideal basada en una economía de mercado sin intervención estatal, conocida como anarco-capitalismo.
No obstante, Milei aclaró que este modelo es solo un "marco normativo" y, en la práctica, se identificó como minarquista, abogando por un Estado mínimo cuyas funciones se limitarían a la justicia y la seguridad (incluyendo la defensa). En este editorial, exploraré tres proposiciones sobre la viabilidad y los desafíos de su modelo económico y político.
Una economía de mercado eficiente necesita no solo la presencia del Estado, sino también un Estado con capacidades robustas. Según Herbert Spencer en el siglo XIX y confirmado por Milei en su entrevista, el contrato es el mecanismo central de la economía de mercado: la coordinación entre individuos o empresas.
Estos contratos pueden ser explícitos (escritos, como en la compra de una casa) o implícitos (no escritos, como en la compra de dentífrico en un supermercado). En ambos escenarios, el dinero se intercambia por bienes o servicios.
¿Qué ocurre si el dinero es falsificado, si la casa no se entrega o si el dentífrico resulta ser pegamento? ¿Quién garantiza la validez de estos contratos, sino el Estado?
Teóricamente, el Estado es un participante latente en cualquier contrato, explícito o implícito. Además, como cuestionó Karl Polanyi en su crítica a Friedrich Hayek: ¿quién, si no el Estado, establece y garantiza los derechos de propiedad que sustentan la economía capitalista? ¿Quién emite y garantiza la validez del dinero utilizado en transacciones? Un principio básico de la economía política es que las instituciones económicas se originan en el Estado, y esto es lo que Milei pretende lograr con su revolución capitalista.
Los datos también apoyan esta teoría: un factor clave para la efectividad de una economía de mercado abierta es la existencia de un Estado con capacidades sólidas: coercitivas, extractivas (recaudación de impuestos), regulatorias (fomentando inversión y competencia), distributivas e innovadoras.
El Estado argentino actual, sin embargo, es grande, ineficiente, con altos niveles de corrupción y dominado por intereses corporativos. Esta debilidad estatal es un obstáculo significativo para establecer una economía de mercado eficiente. La reconstrucción del Estado es uno de los desafíos principales que enfrenta la administración de Milei.
Aunque teóricamente viable, un Estado minimalista o "guardián nocturno" es improbable en un sistema político de alta participación. Los Estados con funciones limitadas existieron en las democracias de élite del siglo XIX en los países que hoy son ricos, y fueron efectivos para el crecimiento.
Sin embargo, estas democracias no pudieron resistir la expansión inevitable de la participación política a clases medias, trabajadoras, mujeres y minorías étnicas. La movilización de estos sectores llevó a la ampliación de las funciones del Estado, incluyendo la educación y el bienestar social, debido a demandas desde abajo o cooptación desde arriba.
Dado que el Estado no puede desligarse de la educación pública y el bienestar social (incluyendo pensiones, salud pública y programas contra la pobreza), el desafío es crear un Estado que sea compatible y funcional con una economía de mercado abierta. Esto implica un Estado subsidiario, pequeño, basado en una administración pública profesional y evaluada periódicamente.
En el ámbito educativo, la propuesta de los vouchers, aunque fomentaría la competencia, no garantiza la disponibilidad universal de escuelas gratuitas y laicas. En su lugar, se podrían explorar las escuelas charter, que son públicas pero independientes y operan bajo autorizaciones revocables basadas en su calidad.
El sistema universitario debería ser inclusivo, sujeto a evaluaciones de calidad y diferenciado, con universidades enfocadas en la enseñanza para aquellos que necesiten educación compensatoria y otras dedicadas más a la investigación.
En cuanto al estado de bienestar, las mejores prácticas sugieren un sistema jubilatorio mixto, de reparto y capitalización (como en el Reino Unido o Suecia); un sistema de salud pública con seguros públicos para los pobres y privados obligatorios para el resto, con subsidios para quienes lo necesiten (como en Suiza y el "Obamacare" en EE.UU.); y seguros de desempleo y programas contra la pobreza basados en la capacitación y reinserción laboral, incluyendo políticas activas de empleo, como en varios países de Europa Occidental.
La administración de Javier Milei enfrenta el reto de conciliar su visión anarco-capitalista con la necesidad práctica de un Estado que garantice una economía de mercado funcional. Aunque su propuesta minarquista es teóricamente posible, su implementación en una democracia participativa es altamente improbable.
En su lugar, Milei debería aspirar a un liberalismo viable, estableciendo un Estado de bienestar sustentable y eficiente que promueva una economía de mercado abierta y funcional. Solo adaptando y fortaleciendo las instituciones estatales, Argentina podrá alcanzar niveles de vida comparables a los de los países más desarrollados.