El Poder Ejecutivo de Paraguay pretende penalizar a los mineros ilegales de Bitcoin (BTC) que operan dentro del país. Para lograrlo, presentarán al congreso de ese país dos propuestas de modificación de leyes esenciales. El objetivo es fortalecer el sistema eléctrico y ponerle fin a la minería clandestina de BTC.
Paraguay es uno de los más grandes generadores de energía limpia del continente. Por tal motivo, es un destino perfecto para conseguir fuentes baratas y sustentables. Por esto, las autoridades quieren poner orden a la industria que demanda mucha electricidad.
Paula Carro, portavoz del gobierno paraguayo, informó que la propuesta se envió al parlamento con carácter de urgencia. La medida busca disuadir a las entidades que operan por fuera de las regulaciones acordadas.
El primer proyecto de ley propone cambiar el artículo 173 del código penal, con el objetivo de abordar el robo de energía eléctrica aplicando sanciones a quien robe energía de las líneas de transmisión o de puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
El segundo, tiene como propósito cambiar las normativas actuales sobre la producción y utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, y prolongar los contratos con Administración Nacional de Electricidad (ANDE) entre 15 a 30 años.
Esta modificación busca captar la atención de los inversores en el ámbito eléctrico y promover una amplia variedad de fuentes de energía.
Las medidas incluyen penas hasta diez años de cárcel, multas y el comiso de bienes vinculados a estos delitos.
Como prioridad, se pretende custodiar la eficiencia y los activos del ANDE ante la gran amenaza de sustracción masiva de energía ilegal.
Felix Sosa, presidente de la ANDE, se mostró a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo y manifestó la necesidad de diversificar la matriz de generación energética del país.
En los últimos años hubo una gran suba de consumo eléctrico y se espera que toda la capacidad de las hidroeléctricas binacionales esté completamente utilizada para 2030.
El robo de energía genera una pérdida significativa para la ANDE. Representa una pérdida anual de entre u$s50 millones y u$s60 millones que afecta a la confiabilidad del sistema y en la calidad del servicio para los clientes.
Por último, también existe una falta de compromiso de los actores de Bitcoin con la comunidad local, a pesar de llevar a cabo sus operaciones de minería a costa de ella. Actualmente, parece que las repercusiones de ignorar a los actores implicados apenas comienzan a manifestarse.