El gobierno venezolano informó el comienzo de un plan para desconectar la totalidad de las granjas de minería de Bitcoin (BTC) que se alimentan del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela hizo el anuncio vía Instagram y añadió que "el plan cuenta con el apoyo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el Ministerio Público (MP)" de ese país caribeño.
"La finalidad es desconectar del SEN todas las granjas de minería de criptomonedas en el país", indicó el ente gubernamental.
Esta noticia se conoció horas después de que se notificara el allanamiento de una granja de minería de Bitcoin en Maracay, estado Aragua, en el interior del país. La intervención derivó en la incautación de más de 2.300 mineros ASIC.
Además, se da en un contexto en el que las autoridades estadales del país caribeño, exhortaron a restringir la alimentación eléctrica a las granjas de minería de Bitcoin.
El gobierno de Venezuela precisó que la desconexión de las instalaciones de minería de Bitcoin se debe al elevado consumo de energía de estas granjas, algo que resultó en fallos recurrentes en el suministro eléctrico en áreas cercanas.
Según el Ministerio de Energía Eléctrica, esta medida "mitigará el impacto en la demanda, garantizando así un servicio eficiente y fiable para todos los ciudadanos venezolanos".
Aún no quedó del todo claro si los mineros de Bitcoin que operan de forma independiente del sistema eléctrico nacional podrán continuar con sus operaciones, ya que también se impusieron restricciones sobre ellos.
En septiembre de 2023, se realizó un allanamiento a un minero que supuestamente no estaba conectado al sistema eléctrico nacional y se confiscaron 800 máquinas, según informó CriptoNoticias.
A pesar de las afirmaciones del gobierno venezolano, la eliminación de las granjas de minería de Bitcoin se produce en medio de una considerable incertidumbre regulatoria, la cual fue causada por la intervención de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Este organismo, responsable de regular la industria minera en Venezuela, fue intervenido por el estado venezolano en marzo de 2023, luego de acusaciones de participar en un esquema de corrupción gubernamental llamado Pdvsa-Cripto, que habría resultado en el desvío de más de u$s16.000 millones.
Autoridades sospechan que los implicados en este esquema vendían ilegalmente petróleo y convertían los pagos en criptoactivos para dificultar su seguimiento.
Según Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, parte del dinero "estafado" fue utilizado para establecer granjas de minería de Bitcoin, algunas de las cuales ya fueron confiscadas por el Estado.