El gobierno venezolano anunció el inicio de un plan para desconectar por completo todas las granjas de minería de Bitcoin que están conectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La noticia fue comunicada a través de una publicación en Instagram del Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela, destacando el respaldo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el Ministerio Público (MP) del país.
Según la publicación gubernamental, el objetivo principal es eliminar la conexión de todas las granjas de minería de criptomonedas al SEN, marcando un cambio significativo en la política energética del país caribeño.
El gobierno venezolano ha tomado medidas significativas contra la minería de Bitcoin tras el reciente allanamiento de una granja en Maracay, estado Aragua.
Este incidente, que resultó en la incautación de más de 2.300 mineros ASIC, ha generado un llamado de atención a nivel nacional sobre la actividad minera de criptomonedas en el país.
Estas medidas ocurren en un momento en el que varias figuras estatales, incluyendo al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y al ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, han solicitado limitar el suministro eléctrico a las granjas mineras de Bitcoin.
Se argumenta que el elevado consumo de energía de estas instalaciones ha provocado fallos recurrentes en el suministro eléctrico en áreas adyacentes, lo que afecta a la población local.
El gobierno venezolano ha declarado que la desconexión de estas granjas de minería de Bitcoin tiene como objetivo principal reducir el impacto en la demanda eléctrica, asegurando así un servicio más estable y confiable para todos los ciudadanos del país.
La situación de los mineros de Bitcoin que no están conectados al sistema eléctrico nacional es ambigua, dado que también han enfrentado restricciones.
En septiembre de 2023, un minero que supuestamente operaba de esta manera fue allanado y le incautaron 800 máquinas.
La eliminación de las granjas de minería de Bitcoin se produce en medio de una intensa incertidumbre regulatoria, exacerbada por la intervención de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Este organismo, encargado de regular la industria minera en Venezuela, fue intervenido por el gobierno en marzo de 2023, tras ser acusado de participar en un esquema de corrupción multimillonario conocido como Pdvsa-Cripto.
Según las investigaciones del Estado venezolano, esta trama ilegal resultó en el robo de más de USD 16.000 millones.
Se sospecha que los implicados en el esquema ilegal convertían los pagos derivados de la venta ilegal de petróleo en criptomonedas para dificultar su rastreo.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, afirmó que parte del dinero malversado se utilizó para instalar granjas de minería de Bitcoin, algunas de las cuales ya han sido incautadas por el Estado.