El sector de las criptomonedas está revolucionado. En este caso, por una guerra de guerrillas entre los grandes exchanges y los P2P que cambian los Bitcoin en los que cobran sus honorarios muchos de los freelancers, a raíz de un decreto que obligará a los Proveedores de Activos Digitales (PSAV) a obtener una licencia habilitante.
Las exchanges de criptomonedas están otra vez en el candelero, con un nuevo intento del Gobierno para receptar su existencia legal, regularlos e incluirlos en el listado de sujetos obligados respecto de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
Esa legislación saldrá antes de mediados de marzo por un decreto de necesidad y urgencia, en reemplazo de un proyecto trabado en el Senado, para responder a una visita al país del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Argentina en el gobierno de Cristina Kirchner cayó en la "lista gris" del GAFI y ahora el presidente Javier Milei apura medidas para salir de ese lugar y acceder a más créditos internacionales, entre otras ventajas.
Qué se discute del decreto de regulación de Bitcoin
"La clave no estará en el decreto sino en la reglamentación. Esto es así porque el GAFI exige la creación de un registro de billeteras de criptomonedas y su inclusión en el listado de sujetos obligados en materia de lavado de dinero, pero la Argentina va más allá", afirma en diálogo con iProUP el abogado Ricardo Mihura, presidente de Bitcoinar.
Según el letrado, "el proyecto que se impondría por decreto establece que los exchanges dependerán de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que creará el registro, pero también se impondría la obligación de que las billeteras de criptomonedas obtengan una licencia habilitante por parte de ese registro", sostiene.
Estas medidas dividen el mercado en dos, porque las cuatro o cinco exchanges grandes comenzaron a hacer lobby en el Ministerio de Justicia, del cual depende la Unidad de Información Financiera (UIF), para influir en la reglamentación, mientras que los pequeños operadores P2P se ven ante la posible desaparición.
Qué opinan los exchange grandes sobre el decreto cripto
Una fuente bien informada cuenta a iProUP que las grandes billeteras virtuales se acercaron al Ministerio de Justicia, del que depende el organismo de control del lavado de dinero (UIF), "con el fin de darle seguimiento a las iniciativas para el sector y para que ciertos parámetros que se habían incluido en el proyecto de ley tengan continuidad en el decreto".
"Este diálogo comenzó con las anteriores autoridades, con la presentación en el Congreso del proyecto que obtuvo media sanción y se trabó en el Senado dos veces, porque se iba a tratar y el Gobierno lo dejó caer, al no prorrogar las sesiones extraordinarias, al tiempo que optó por aprobar las nuevas medidas de lavado de dinero por DNU", indica.
"Ahora, se renovaron las conversaciones, con reuniones en el Ministerio de Justicia, con el que se trataron los siguientes 5 puntos:
- La reforma de la ley de prevención del lavado de dinero es una adecuación de estándares internacionales que Argentina necesita para no estar en la "lista gris" (indispensable para el acceso a créditos internacionales y para que empresas puedan comerciar con pares de ciertos países). La última visita del GAFI a la Argentina fue hace 10 años.
- Se necesitan reformas en el Código Penal y otras modificaciones administrativas, para la sanción y seguimiento de actividades vinculadas al lavado de activos y fraudes (esto no podría salir por decreto).
- En lo vinculado a los criptoactivos, se reconoce a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) como sujetos obligados ante la UIF. Esto depende de una ley o un decreto, porque la UIF no puede "dar de alta" una categoría. Los PSAV deben cumplir con el régimen informativo que establezca la UIF (a definir en la reglamentación).
- Se crea un registro centralizado de PSAV ante la CNV. El plazo para que las empresas se inscriban en el registro será definido en la reglamentación.
- Las empresas que se anoten en el registro deberían ser todas aquellas que pretendan ofrecer servicios en la Argentina. Es decir, no solo compañías nacionales, sino también las internacionales que deseen operar en el país deberán anotarse en este registro.
Hay otros temas que dependen de la reglamentación, pero el sector de los exchange de criptomonedas está esperando que se completen los equipos de trabajo de UIF y CNV para avanzar en esto.
Qué defienden desde el sector Bitcoin para los pequeños operadores
"La ONG se opuso a que se denomine proveedores de activos digitales con una definición demasiado amplia y sin excluir a los pequeños operadores. Especialmente, que quienes realizan cambios de criptomonedas de persona a persona (P2P), aunque lo hagan a título habitual, queden incluidos en obligación de registrarse", advierte Mihura, desde Bitcoinar.
Según el letrado, "el proyecto que ahora sería reemplazado por un decreto daba a la CNV el poder para reglamentar toda la actividad y autorizar o no el rol de proveedores de activos digitales, ya que se debía pedir una licencia al organismo", critica.
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Desde la ONG BitcoinAR critican que los operadores minoristas perderán libertades con la nueva normativa
"El GAFI pide un registro pero no que haya que pedir la habilitación. Y que, si no te registrás, no puedas operar de forma habitual. Que la CNV tenga el poder de decidir quién opera o no, les sirve a las tres o cuatro exchanges que se pueden sentar con el organismo y negociar la reglamentación", denuncia.
Mihura alerta que "si hay una persona que compra a título habitual para terceros, con esta normativa debería sujetarse a todas las obligaciones, sobre todo los P2P y los pequeños emprendedores que hacen un montón de operaciones, y así los freelancers quedarían obligados a ir a las tres o cuatro exchange que van a quedar habilitados", alerta.
El experto también remarca que les "interesa la libertad de comprar y vender Bitcoin, que es un activo descentralizado, y que se diferencie de cualquier security o token que se emita con algún un tipo de promesa y si sería regulable por la CNV".
Por último, Mihura considera que "cuando se restringe el mercado local, los usuarios van a tradear a operadores globales que son inalcanzables con la legislación local, pero sin ninguna cobertura".
Qué se pide a los reguladores para el sector Bitcoin
"El riesgo siempre latente en la Argentina es el 'regulacionismo' que lo frena todo. Se adoptan leyes e iniciativas que 'en el escritorio' lucen razonables, pero llevadas a la práctica, en general no", expresa a iProUP el abogado y experto en mercados financieros Iván Bolé.
Según el letrado, "así nos encontramos que típicamente se adopta una normativa confusa, engorrosa y formalista que falla en considerar al ciudadano (inversor) común, de a pie, que simplemente quiere legítimamente disponer de su patrimonio bienhabido y de forma legal".
En este sentido, considera que "aparecen límites de depósito, transferencia y extracciones ridículos, o pedidos exorbitantes de acreditación del origen de los fondos a las personas que, en una política seria, deberían estar completamente fuera del radar de las autoridades".
Reglas claras permitirán que la industria cripto local siga desarrollándose y expandiéndose
"Es necesario que se fijen parámetros acordes que no asfixien al usuario o ahorrista común ni constituyan un obstáculo o barrera para el crecimiento de este sector tan notable que ha logrado en tiempo récord una verdadera democratización de las finanzas", manifiesta.
Qué pasa con los proveedores de activos digitales en el mundo
"Tanto la inclusión de los proveedores de activos digitales como sujeto obligado UIF como la creación de un registro en el país es una respuesta a la recomendación 15 del GAFI", recuerda Carlos Peralta, líder de Políticas Públicas de Bitso Argentina.
En este sentido, remarca que "también se está dando en otros territorios, como por ejemplo Brasil, que ya tiene aprobada una ley cripto y está avanzando en consulta pública para la reglamentación, o Colombia, que también está discutiendo su ley este año, sólo por mencionar otros países en los que operamos".
"En Argentina hay un proyecto de ley para modificar la Ley de Lavado que ya cuenta con media sanción en Diputados y dictamen de comisión para ser tratado en el Senado. Crea el Registro en el marco de la CNV y convierte a los exchanges en sujetos obligados. Dados los tiempos que marca la evaluación del GAFI, el Gobierno puede avanzar también por medio de un DNU", agrega.
Esta regulación, asegura el directivo, dará más previsibilidad a la industria y, por tanto, más seguridad a los inversores, siempre y cuando sea acompañada por una buena reglamentación. Para ello es fundamental el diálogo por parte de las autoridades de UIF y CNV con el sector privado".
Cuáles son las reformas que plantea el GAFI a la Argentina
Las principales reformas legislativas que pide GAFI a la Argentina son las siguientes:
- Reforma del tipo penal de terrorismo, ampliándolo a la preparación, financiación y apoyo de actos y organizaciones terroristas. Esta reforma no se puede realizar por DNU, sino que será incluida en una ley que se presentará en sesiones ordinarias
- Inclusión de un tipo penal de proliferación de armas de destrucción masiva. Tampoco puede disponerse por DNU y se incluiría en el proyecto de ley.
- Inclusión como sujetos obligados de los proveedores de activos virtuales y abogados
- Creación del registro de proveedores de activos virtuales
- Creación del registro de beneficiarios finales, para reforzar la lucha contra el abuso de las formas societarias
- Ampliación de las consecuencias jurídicas frente a infracción de los sujetos obligados y actualización de la multa, que hoy es de $100.000
- Consolidación de la autonomía de la UIF, otorgándole más recursos propios
Así, las billeteras de criptomonedas volvieron a quedar en el tapete por el intento de regularlas, y divididas entre las exchanges grandes que pueden negociar con el Gobierno la reglamentación y los pequeños operadores que podrían desaparecer por las medidas.
