El presidente Javier Milei ha firmado un decreto que permite la realización de contratos en criptomonedas en Argentina, estimando que los argentinos ya poseen más de u$s100.000 millones en este formato financiero.
Sin embargo, la falta de declaraciones ante la AFIP genera un dilema para quienes reciben pagos en plataformas no registradas en el país, especialmente para profesionales vinculados a la programación.
La nueva normativa busca incrementar los ingresos fiscales, pero expertos como Pablo Reyes, CEO de SaldoAr, advierten sobre la necesidad de mayor claridad en un sector marcado por la informalidad.
La medida gubernamental, respaldada por la canciller Diana Mondino, impulsa la adopción de criptoactivos en contratos.
Sin embargo, Félix Rolando, tributarista, destaca la obligación de declarar las criptomonedas, señalando un potencial ingreso fiscal de más de u$s100.000 millones.
Aunque aún falta la aprobación del proyecto de blanqueo, el Gobierno busca regularizar el uso de criptomonedas, especialmente frente a las normativas internacionales de prevención del lavado de dinero.
En ese marco, expertos en la industria cripto sugieren que, debido a la volatilidad de Bitcoin, las "stablecoins" atadas al dólar podrían ser más adecuadas para contratos, ofreciendo previsibilidad y baja exposición a la inflación.
La incertidumbre económica y la historia de la inflación en Argentina impulsan el interés en criptomonedas como refugio de valor, aunque persisten dudas sobre la conveniencia de firmar contratos en estas plataformas.
El interés en criptomonedas en Argentina se intensifica, posicionándose entre los 10 países con mayor adopción.
El dólar sigue siendo la moneda preferida, pero la inflación y la devaluación del peso impulsan a los argentinos hacia activos digitales. La visión de Milei sobre la dolarización y la lucha contra la inflación se destaca, aunque los desafíos económicos persisten, generando preguntas sobre la efectividad de estas medidas.
La complejidad de declarar criptomonedas en Argentina se convierte en un obstáculo para su uso legal en contratos. La regulación propuesta por el gobierno de Milei busca traer claridad a un sector marcado por la informalidad y, al mismo tiempo, enfrenta desafíos significativos. Con más de u$s100.000 millones en juego, el país se debate entre la oportunidad y la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias financieras.