En las últimas horas, tras la promulgación de la ley que habilita al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a emitir cuasimonedas por un monto equivalente a $22.500 millones, se llevó a cabo una masiva manifestación de empleados públicos alrededor de la emblemática Plaza 25 de Mayo.
Esta protesta surge como respuesta a la búsqueda de mejoras salariales y en rechazo a la implementación de una "moneda de circulación provincial".
Según cálculos de los organizadores, alrededor de 4.000 personas participaron en la marcha, destacándose una significativa presencia de representantes de la Organización Sindical de Trabajadores de la Educación Autoconvocados y de los Autoconvocados de Salud, quienes han mantenido una carpa de protesta en el lugar durante la última semana.
En el área de educación, los manifestantes levantan su voz para denunciar de manera categórica el denominado "Bono Cancelación de Deuda ‘Chacho’", aprobado por legisladores bajo la expresa indicación del gobernador Ricardo Quintela.
Sostienen que esta medida busca acentuar la precarización de los salarios docentes, impactando negativamente en el ya menguado poder adquisitivo de los trabajadores.
Afirman que las autoridades mienten sobre la falta de recursos, utilizando a los trabajadores de la educación como blanco de ajustes.
De igual manera, denuncian que el anunciado bono de $80.000 destinado a varios sectores no logra paliar la brutal devaluación ocurrida en los meses recientes.
Además, critican el incumplimiento por parte del gobierno nacional y provincial del último acuerdo paritario, que tenía como objetivo elevar el salario mínimo a $250.000, sumado al impago del medio aguinaldo.
En el marco de la manifestación, las redes sociales se convierten en el escenario de acusaciones cruzadas. La secretaria de Comunicación provincial, Luz Santángelo, asegura que están siendo atacados con noticias falsas y calumnias, describiendo la situación como un "crimen organizado" orquestado por sectores opositores al gobierno.
Este viernes por la tarde, desde el Gobierno aclararon que el aumento de $80.000 para los empleados formales y $50.000 para los precarizados "no se pagarán" con la cuasimoneda, sino con moneda nacional.
De acuerdo con el proyecto, se tratará de un título de deuda que deberá ser aceptado en los tres poderes del Estado: municipios, entidades descentralizadas y autárquicas, y sociedades o empresas del Estado, por lo que será obligatorio para "cancelación total o parcial de sus créditos".
De esta forma, Quintela busca aprobar una emisión equivalente a $15.000.000.000, por lo que cada Bocade tendrá un valor nominal que expresará su equivalente en pesos. Además, La Rioja se reserva el derecho de "a contratar en forma directa la impresión, confección y/o infraestructura tecnológica de los bonos, previo cotejo de ofertas".
El proyecto remarca que estos títulos "serán canjeables por moneda de curso legal conforme lo establezca la reglamentación oportuna de su valor nominal", en el Banco Rioja u otras entidades bancarias, según "el régimen de rescate o recompra" que establezca la Gobernación y será comunicado a la Cámara de Diputados en un plazo no mayor de 120 días.
"Hoy no llegamos ni a la primera semana después del cobro de los sueldos. Los riojanos se quedan sin plata. Por eso convoqué a sesiones extraordinarias para enviar un proyecto de ley que autorice a constituir un instrumento monetario, en caso de ser necesario", había adelantado Quintela.
El mandatario Riojano atribuyó la crisis ante la decisión del presidente Javier Milei de prorrogar el Presupuesto del año pasado, que derivó en que la inflación anual licuara los fondos provinciales.
"La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas. En cuanto al comercio hay que acordar con la Cámara de Comercio para que reciba esta moneda como forma de pago", indicó Quintela, quien recordó que en 1988 y en 2001 la gobernación ya tuvo cuasimonedas.
"Que los gobernadores emitan cuasimonedas si quieren. En ese sentido, el propio mercado va a determinar qué valor les asigna a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten", había sido la réplica de Milei.