Sam Bankman-Fried, el fundador del exchange de criptomonedas FTX, fue llevado a juicio este martes 3 de octubre en un tribunal federal en Manhattan.
Durante el inicio de la sesión, los abogados de Bankman-Fried presentaron una demanda al juez en la que se oponen a la solicitud de la fiscalía de llamar a clientes de FTX como testigos "para que explicaran si comprendían completamente cómo FTX utilizaba sus activos" y si aseveraban el papel de FTX "como custodio de sus activos".
La defensa argumentó que el jurado debe evaluar los hechos desde una perspectiva objetiva y sugirió que los clientes son los principales afectados por la quiebra de FTX.
En el fondo, esta cuestión plantea un punto crucial en el desarrollo del juicio de Bankman-Fried, ya que el jurado debe deliberar sobre una causa ligada directamente sobre el sector de las criptomonedas, que cuenta con saldos regulatorios pendientes en muchos países.
Tanto la fiscalía como la defensa intentarán utilizar esta supuesto hueco a su favor: la fiscalía buscará enfocar el juicio en conceptos de mentira y robo, evitando tecnicismos, mientras que buscan destacar los aspectos más complejos para argumentar que el jurado no puede condenar delitos que no comprende plenamente.
Sin embargo, y ante esta declaración, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) se pronunció en contra de lo expuesto por la defensa.
La agencia judicial presentó una moción ante el tribunal en la que alegó que la falta de regulaciones de criptomonedas en los EE.UU. no resulta como un impedimento para los cargos penales formulados contra el ex CEO de FTX.
Los abogados del condenado argumentaron que su cliente "no era culpable porque FTX no estaba regulado en Estados Unidos, y él siguió las normas relativas a FTX US".
Sin embargo, el DOJ describió a este argumento como 'irrelevante', alegando que aunque la existencia de legislación pueda resultar necesaria para probar una obligación legal, la falta de esta no cambia el hecho de que las víctimas del acusado sufrieran pérdidas de dinero.
Incluso, el DOJ tildó a la afirmación del acusado sobre la falta de normativa vinculada con el uso de los fondos de los clientes como falsa, ya que rigen normas que lo prohíben en territorio estadounidense.
También, indicó que las leyes existentes prohíben a las empresas robar los activos de los clientes, y el condenado fue acusado en base a estas y otros delitos como falsedades sustanciales y malversación de fondos.
El juez del caso, Lewis Kaplan, comentó que se espera que el juicio dure aproximadamente seis semanas, aunque no descartó la posibilidad de que concluya antes.
Este 4 de octubre, el segundo día del juicio, se pasará un micrófono para que cada miembro del jurado hable durante un minuto y, luego, los abogados harán una conferencia y se realizará la selección final.
En total, se presentaron siete cargos contra Bankman-Fried, que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y asociación ilícita para defraudar. También se le acusó de violar las leyes de financiación de campañas políticas, un cargo considerable ya que se trató de uno de los mayores donantes políticos del 2022.
Asimismo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó al empresario de defraudar a sus inversores.
Una demanda de la SEC presentada el martes 13 de diciembre alegó que Bankman-Fried recaudó más de u$s1.800 millones de la mano de inversores de capital desde mayo de 2019 para promover a FTX como una plataforma "segura y responsable" para la compraventa de criptoactivos.
La demanda civil estípulo el desvió de fondos realizado por el fundador del exchange de clientes a Alameda Research LLC, su fondo cripto privado, sin aviso alguno.