La app de delivery Rappi fue denunciada por el gobierno bonaerense y deberá enfrentar una multa millonaria debido al "cobro compulsivo" de la denominada tarifa de servicio, que no es informada antes de realizar el pago, sino que se detalla una vez que se cerró la compra.
Rappi: de qué la acusan
El caso comenzó en 2022, cuando se denunció a Rappi por imponer la tarifa de servicio, lo que viola la Ley de Defensa del Consumidor porque el usuario sólo ve ese importe una vez que terminó la compra.
Por lo tanto, el gobierno bonarense exige a Rappi que abone una multa de $59 millones, además de que cese con el cobro de ese "cargo compulsivo" y reintegre a los usuarios afectados cerca de $13 millones de pesos.
"Además del gasto por envío, cobra -y continúa cobrando- un cargo extra denominado 'tarifa de servicio' que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago", señaló el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, que definió a la tarifa de servicio como "un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias a costas de trasladar gastos y costos operativos".
El Gobierno bonaerense imputó en 2022 a delivery Rappi y PedidosYa por el cobro de estos adicionales y les aplicó multas por más de 400 millones de pesos.
Además, desde la entidad remarcan que las empresas no brindan información detallada y precisa respecto a cuál es el motivo ni la composición de esa tarifa por servicio y obligan a los usuarios a pagarlo para finalizar la compra, ya que no permiten rechazar el cargo.
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Acusan a la app de cobrar cargos compusilvos
Según se precisó, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de ambas empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a los consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad que deben estar a cargo de las respectivas plataformas.
Rappi y PedidosYa: el otro frente legal
Además de la acusación contra los consumidores, las apps de delivery enfrentan otro frente legal: al considerarse como intermediarias entre comercios, repartidores y consumidores, son denunciadas por eludir todas las regulaciones laborales, comerciales o impositivas en donde operan.
Más aún, los mensajeros son considerados autónomos, negándoles la figura de dependencia laboral que encubre esa relación. Rappi tiene unos 20.000 activos mensuales y Pedidos Ya, cerca de 35.000. Para SiTraRepA, primer sindicato nacional de mensajeros, en todo el país suman 70.000.
"La opacidad del funcionamiento de las empresas que administran aplicaciones es parte de un nuevo modelo de negocio que reescribió las reglas de la explotación del trabajo", remarca a iProUP Omar Plaini, senador bonaerense y secretario general de Canillitas.
Belén D., secretaria Adjunta del SiTraRepA, indica a iProUP que esta situación deja a los repartidores en una condición de "extrema vulnerabilidad y precariedad", sin salario básico, ni ART, ni cobertura de vida y salud.
"Es un fraude laboral. Catalogan como colaboradores cuando claramente es una relación de dependencia encubierta, que se expresa en la dependencia de la app en el plano económico, que se necesita para salir a repartir. Depositan una vez por semana y las empresas definen los montos y criterios", subraya.
Tras el cambio de gobierno a fines de 2019, se crearon expectativas sobre la posibilidad de regular el trabajo de plataformas, pero las iniciativas quedaron rápidamente diluídas. En Argentina, particularmente, hay dos posicionamientos: quienes sostienen que debe aplicarse la Ley de Contrato de Trabajo y los que consideran que debe crearse un régimen específico.
Juan Carlos Cerrutti, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 29, indica a iProUP que la pregunta que se hace trata de responder cuando se cuestiona este modelo es: ¿qué tipo de vínculo existe entre repartidores y aplicaciones: relación de dependencia o son trabajadores autónomos?
PedidosYa posee más de 35.000 mensajeros en el país
"En Argentina hay varias sentencias de primera instancia en las que se estableció que hay relación de dependencia. Sin embargo, en segunda instancia los juicios fueron conciliados y no existe un fallo laboral definitivo. Esto genera que no haya una jurisprudencia fuerte respecto al tipo de relación laboral", suma Cerrutti.
En 2020 el Gobierno elaboró un proyecto (que no fue presentado) de estatuto específico: "Régimen del Trabajo en Plataformas Digitales Bajo Demanda". Apuntaba a crear una categoría jurídica especial incorporada al ámbito del Derecho del Trabajo y aborda, entre otras cuestiones, la regulación de:
- Jornada laboral entendida: tiempo comprendido desde que el repartidor se loguea en la app hasta que se desconecta por voluntad propia
- Derecho a una remuneración mínima garantizada: equivalente al monto del salario mínimo vital y móvil, y en proporción a la duración de la jornada, en cada periodo mensual.
- Retribución por viaje, envío, entrega o distribución: en función de la distancia, tiempo y lapso de espera, también en caso de que el envío no se haga efectivo por culpa del cliente o proveedor.
- Adicional de 20% por viaje cuando el servicio se preste con lluvia o tormenta
Además, planteaba la obligación de las empresas de pagar aguinaldo, vacaciones y reservar una contribución mensual equivalente a tres remuneraciones diarias promedio, para solventar una prestación dineraria en los casos de ausencia por enfermedad o accidente no vinculados a la realización del servicio.
En la misma línea, en 2021 la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó una iniciativa que, además de reconocer la relación laboral, fija el derecho a percibir una remuneración por las tareas, un sueldo anual complementario, licencias y vacaciones pagas e indemnización por despidos sin justa causa. Todavía no se trató en el Congreso.
Por último, el senado bonaerense aprobó en 2022 un proyecto de ley de Omar Plaini, que establece la creación de un Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de aplicaciones. Fue girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva y está en estudio en la Comisión de Trabajo.
Desde las apps sostienen que es necesario observar el impacto positivo que generan las plataformas digitales, analizar los datos y considerar la realidad de cada una de las partes involucradas.
"Estamos abiertos a una legislación moderna de la actividad, que no cercene las libertades y beneficios de los trabajadores y miles de personas que utilizan plataformas como Rappi. Esto es indispensable para fomentar el crecimiento de las Pymes, las fuentes de empleo e incentivar el consumo y reactivar la economía", concluyen.
Rappi, PedidosYa: la queja de los comercios"Yo ya me fui de estas aplicaciones. Cuando arrancaron era negocio, empezaron cobrando comisiones del 10 o 15%, pero después las fueron subiendo y pedían adicionales para posicionarte dentro de la plataforma. Ahora se tornaron inviable", confía a iProUP Eduardo Perret, dueño de Selena Kitchen.
