Los ministerios de Economía y Trabajo anunciaron que preparan un proyecto de ley para encuadrar legalmente a los prestadores de servicios de entrega de productos que trabajan para apps de delivery. En tanto, los sindicatos se aferran a que se debe utilizar la figura de la relación laboral tradicional.
Así, se buscará regular a los ciclistas de PedidosYa y Rappi. Esta última enfrenta una multa millonaria por imponer cargos a usuarios sin informarlo previamente al pago.
Desde el equipo de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, afirman a iProUP "se está trabajando para mejorar los derechos de los trabajadores de apps de delivery".
Olmos precisa que "se reconoce que hay algunos que se desempeñan como dependientes de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, pero otros que están relacionados con las apps de forma independiente, a los que se busca otorgarles más derechos".
El senador Daniel Lovera (FdT), confí aa iProUP que "el proyecto que presentará el Gobierno incluirá una salvedad que llevará alivio a los accionistas de esas compañías: les permitirá optar por pasar a sus trabajadores a una relación de dependencia propia de la Ley de Contrato de Trabajo vigente o bien, mantenerlos como independientes".
Desde la empresa señalan a Rappi confirman a este medio: "Venimos dialogando con los espacios para que a la hora de regular se considere la voz de los actores involucrados".
La CGT calcula que hay más de 100.000 repartidores en el país y que solo en la provincia de Buenos Aires están radicados más de la mitad. Pero el número puede ser mucho mayor, ya que el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) calcula que hay más de 160.000 a nivel nacional.
Olmos y Sergio Massa avanzan en un paquete de medidas para trabajadores inscriptos como independientes. El tigrense se había hecho cargo de la deuda del Estado con ese sector días después de las PASO, cuando proliferaron imágenes de repartidores con mochilas térmicas en el búnker del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.
El proyecto que encargó el Gobierno hace tres años y quedó cajoneado anticipa algunas de las claves de la nueva iniciativa:
Además, las compañías deberán contratar una ART y los repartidores conservan el derecho a sindicalización y huelga.
Lucas Tamagno, abogado del estudio Allende & Brea, asegura a iProUP que "nos encontramos frente a situaciones 'grises', en las que el encuadramiento se escapa al ejercicio habitual de evaluar la subordinación técnica, jurídica y económica, ante el avance de las tecnologías que nos hace pensar en la necesidad también de evaluar nuevas figuras".
"Argentina hoy se centra en la discusión sobre si quien presta un servicio es autónomo (o independiente) o una persona que desarrolla sus tareas bajo el marco de una subordinación laboral", resalta.
Para los gremios, "las relaciones laborales no necesitan regulación, ya están alcanzadas por la Ley de Contrato de Trabajo que reconoce nuestros derechos", aseguran a iProUP desde la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios.
Lovera afirma: "Se debe combatir la precarización laboral, nunca tratar de institucionalizarla. Reconocerlos como independientes significa no tener un límite horario, jornada mínima de descanso, obra social, seguro de accidentes de trabajo, derecho a las asignaciones familiares ni una jubilación según sus aportes, sino a la mínima por el Monotributo".
"Es indispensable que se los considere lo que son: empleados en relación de dependencia con los derechos y obligaciones que esto supone. Negar esto es precarizar una situación laboral que agrupa a más de 160.000 personas y hacer que las ganancias de las plataformas se disparen por no tener una regulación eficiente", remarca.
Después de varias medidas cautelares a favor de "blanquear" a los ciclistas, el Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, dispuso un sistema de multas para las empresas que no tengan registrados a sus trabajadores y de denuncias judiciales.
Tamagno asegura: "Se suele analizar si estamos frente a un empresario o a un trabajador, utilizándose siempre la existencia de una estructura empresaria propia en cabeza de quien presta el servicio para decidir el carácter del vínculo".
"En el caso aparecen una serie de otros elementos que nos alejan de este esquema", precisa el letrado, quien enumera:
Sin embargo, remarca que las plataformas establecen la modalidad a la que se deben sujetar sus colaboradores, pudiendo incluso reducir la posibilidad de prestar el servicio cuando existieran quejas de los usuarios-clientes, que puede traducirse en el ejercicio del poder de dirección y organización y considerarse relación de dependencia.
Según Tamagno, "no nos encontramos frente a una clara relación laboral, existiendo incluso la postura que sostiene que se trata de a una subordinación atenuada".
"Una respuesta puede ser la creación de una figura similar a la del 'Trabajador Autónomo' que posee España, que es alguien que dedica su actividad a la producción de bienes y servicios sin estar ligado por un contrato de trabajo. El autónomo no es ni trabajador por cuenta ajena ni empresario, sino el empresario de su propio trabajo", concluye.