El mayor activo de las criptomonedas es la "descentralización", es decir, la falta de regulación por parte de los bancos centrales. Pero este aspecto entró en crisis cuando los hackers, el narcotráfico y, finalmente, el armamentismo ruso durante la guerra de Ucrania eligieron al Bitcoin para sus transacciones.
También alertaron a las autoridades los megafraudes del 2022, como la caída del proyecto Terra y su dólar algorítmico, UST, seguido del colapso de FTX cuando era el tercer exchange más grande del mundo, entre otros.
En Argentina la discusión no se quedó atrás y empezó por la cuestión fiscal. Cuando AFIP vio que se le escapaban el dinero de miles de particulares que compran monedas digitales, llegaron las primeras leyes para que pagaran Ganancias por su comercialización y Bienes Personales por sus tenencias.
La gran crítica contra esas normas impositivas fue que recaían sobre un activo no regulado por ninguna norma de fondo ni por el Banco Central. Frente a este panorama, el Gobierno envió al Congreso un tibio artículo en una ley modificatoria del régimen de lavado de dinero incluyendo a las criptomonedas.
El Congreso dio un paso gigante: incluyó en el proyecto, al que Diputados dio media sanción, una cláusula por la cual todo lo que es cripto queda bajo regulación de CNV, como si lo descentralizado y centralizado puedan equipararse a un título valor. Y genera un registro de proveedores como ya existe para las sociedades de Bolsa. Esto ya avanza en el Senado.
No obstante, la tecnología va por delante de cualquier intento estatal de poner un corset. "Ahora hay robots con inteligencia artificial (IA) que son ofrecidos en plataformas para hacer operaciones. Sería imposible declarar cada transacción y sus respectivas ganancias ante un pedido de información", dice a iProUP Ismael Lofeudo, abogado experto en temas cripto.
La principal y controvertida característica regulatoria es que, en lugar del Banco Central (como ocurriría con cualquier otra forma del dinero), el órgano de control de Bitcoin sea la CNV, identificando a las criptomonedas con títulos. Esto resulta lógico para los tokens que representan acciones, por ejemplo, pero raro para divisas digitales "puras".
"La CNV debe tomar una determinación clara y concreta en torno del ofrecimiento, compra y venta de criptoactivos", advierte a iProUP Iván Bolé, abogado experto en mercado de capitales, fintech y criptoactivos.
"Esa regulación debe reconocer la diferencia entre tokens descentralizados y centralizados (como algunas stablecoins), y definir con una norma cuáles pueden ser consideradas acciones y cuáles no, regulando el ecosistema de forma acorde", afirma el letrado.
Esta distinción está en discusión en el mundo. La semana pasada trascendió que la Justicia de EE.UU. falló en favor de Ripple en el juicio que la SEC -regulador de bolsa de EEUU- habría iniciado hace dos años contra la empresa cripto aduciendo que su token XRP era un título valor.
"Que sea la CNV quien se ocupe de regular, registrar y fiscalizar a los proveedores de criptoactivos resulta una solución intuitiva y natural, porque no existe otro regulador que tenga un ámbito de competencia más afín. Esta solución parece preferible a que las regulaciones se originen en el Banco Central, la UIF o la AFIP", sostiene Bolé.
Al comentar una exposición en comisión en el Senado del director de la CNV, Sebastián Negri, Bolé considera que "el funcionario acierta en que hay un vacío legal y resulta razonable que los negocios y productos ofrecidos por exchanges sean regulados para proteger al inversor, dar transparencia y equiparar a los actores en procesos de captación de ahorro público".
En cambio, para Ricardo Mihura Estrada, presidente de ONG Bitcoin, "la redacción del proyecto quedó de un modo muy peligroso: sin ningún marco legal se le da plenos poderes a la CNV para que diga qué se puede hacer y cómo. Y para condenar a la ilegalidad a quien haga las cosas de otra forma".
Además, esa falta de precisión puede alterar el secreto de las operaciones. "El manejo de datos es una cuestión siempre sensible. Esperamos que no sean obligados a migrar en forma masiva a la UIF o CNV, porque se multiplicarían los riesgos para el usuario. Y con ello, el incentivo a operar por fuera del sistema", alerta Mihura Estrada.
Para Lofeudo, es "preocupante que la CNV carezca de autonomía. La falta de seguridad jurídica en Argentina es, a mi criterio, la mayor preocupación. Si bien el organismo avanzó en la regulación trabajando con grandes actores de la industria, nada asegura que este trabajo responsable se mantenga a futuro".
"La ONG envió un escrito a las dos Cámaras del Congreso, subrayando que 'deberían dejarse afuera de las reglamentaciones a los pequeños operadores cuentapropistas que se ganan la vida en plataformas de P2P, cuando esas transacciones se realizan con transferencia bancaria o a un exchange que ya es sujeto obligado", dice Mihura Estrada.
Según el letrado, "consideramos que es responsabilidad de nuestros legisladores adecuar esas directivas a las posibilidades de la realidad concreta del país, preservar la subsistencia de las micropymes como fuentes de trabajo legítimas", sostiene.
"La preocupación de la ONG es que muchas operaciones que hoy son informales pero lícitas pasen a ser consideradas ilegales sin ninguna necesidad. Y que entonces muchos de nuestros jóvenes se vean arrastrados, aún sin saberlo, a vivir en la ilegalidad", aclara.
"El ecosistema blockchain permite operar en alguna alternativa de exchanges que quedan fuera del ámbito de acción y competencia de las autoridades, porque son descentralizados u operan fuera del país. Esperamos que esta realidad sea percibida por la UIF y la CNV, como límite para que los requisitos de compliance sean razonables y cumplibles", advierte.
Bolé considera que la regulación "va a generar revuelo, considerando que prácticamente sin excepción, los exchanges locales utilizan proveedores de criptomonedas no radicados en el país y están acostumbrados a operar en un entorno bastante libre. Pero dotará a los inversores de un imprescindible marco de seguridad jurídica".