El Petro, la criptomoneda estatal lanzada por el gobierno de Venezuela y respaldada por reservas de petróleo, gas, oro y diamante, quedó cerca de desaparecer.
La causa principal de su crisis se debe a la creciente escalada de deudas y otros compromisos con acreedores que, en un principio, pusieron en duda su liquidez.
Adicionalmente, la blockchain matriz de la divisa digital comenzó a tener una conducta irregular y la app Petro comenzó a evidenciar fallas, lo que pusó en jaque al proyecto.
Pero uno de los detonantes fundamentales del proyecto fue un hecho de corrución que involucró a varios altos funcionarios, incluído Tarek El Aissami, ex-presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y vicepresidente del Área Económica del Gobierno de Maduro.
Originado a principios de 2018, Nicolás Maduro decretó la destinación inicial de un total de u$s4 millones de Petro para que fueran utilizados dentro de la plataforma y surgió tras producirse el derrumbe de la economía, con una hiperinflación que se extendió por varios meses, como un instrumento para evadir las sanciones internacionales.
Con las reservas internacionales de petróleo como soporte de este proyecto, más de 7.000.000 de venezolanos se lanzaron a utilizar la herramienta en tan solo un año, incluídos empresarios y compañías comerciales, según el diario El País.
Eventualmente, luego de la segunda reconversión monetaria de Maduro en servicios tributarios y consulares, la presencia del Petro como forma de pago en algunas transacciones digitales oficiales se hizo obligatoria.
Un reciente informe publicado por la ONG anticorrupción Transparencia Venezuela informó que, al mando de El Aissami, su organización asignó a la Superintendencia de Criptoactivos la responsabilidad de la comercialización del crudo venezolano.