Están quienes fueron suspendidos o directamente cesanteados de sus trabajos. También, aquellos que mantienen sus empleos pero que el sueldo no les alcanza, y entonces salen a hacer "changas". Y no son pocos los que han venido de otros países (en particular de Venezuela y Colombia) que necesitan insertarse rápidamente en el mercado laboral.
En cualquier caso, Uber, Rappi, Glovo y PedidosYA se presentan como la solución más a mano para hacerse de unos ingresos, con un plus: hasta pueden administrar su tiempo, cantidad de horas y momento del día.
Si bien la evolución tecnológica es uno de los motivos por los cuales estas empresas crecieron de manera considerable, hay otros que les confieren mayor impulso, como el caos de tránsito, la sobrepoblación en áreas metropolitanas y la necesidad de los comercios de desprenderse de sus propios delivery para bajar costos. Y, acaso el más importante, la "veta legal" que posibilita que cientos de repartidores sean "factureros" y no estén en relación de dependencia, que es la razón de fondo que sustenta el negocio.
Frente a las perspectivas de que la actual crisis se extienda en el tiempo, plataformas de este tipo que trae la "economía 4.0" se presentan como una gran tabla de salvación para surfear las agitadas aguas recesivas.
"Son modalidades que permiten una salida laboral casi inmediata, sólo se necesita estar inscripto como autónomo para poder facturar por el servicio. En Capital, al menos 150.000 personas se benefician con estas plataformas", afirma la abogada María Solana de Diego, del estudio de Diego & Asociados.
Juan Carlos Cerutti, abogado laboralista, tiene una visión contrapuesta. "Son estructuras que ofrecen trabajar de manera precaria. A lo sumo pueden servir para un primer empleo y por poco tiempo".
Más allá de las distintas opiniones y posturas, lo cierto es que hay muchísimas personas que se han incorporado. En primer lugar, porque es difícil conseguir trabajo en Argentina; en segundo, porque es fácil ingresar: no se requiere de grandes conocimientos, tampoco de un buen CV y -por el lado de las apps- estas incorporaciones no les representan mayores riesgos, al no tener que pagar indemnizaciones por despidos (tampoco cargas sociales, plus vacacional, aguinaldo,..., entre otros ítems).
Glovo, a más de un año de su desembarco en el país, cuenta con cerca de 150 empleados en su filial local y más de 6.000 repartidores.De ese total, la mitad son argentinos y el resto de Haití, Colombia, Perú, Brasil y Venezuela. Además, ocho de cada 10 tienen entre 18 y 34 años.
En el caso de Uber, "en los últimos tres meses aproximadamente 55.000 personas generaron ingresos manejando a través de la app en Argentina, y cada semana se suman otras 2.500", asegura a iProUP Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones para Uber Cono Sur.
"Los socios conductores generan sus ingresos durante el tiempo que ellos quieren, pero casi el 70% maneja menos de 20 horas a la semana", añade. Desde la firma indican que "el 20% declara que no tenía fuente de ingresos hasta antes de bajarse la aplicación de la firma".
Por el lado de Cabify, que hace hincapié en la legalidad de su servicio, el total de choferes se acerca a los 12.500 (tenía 5.000 en 2017), si bien desde la firma prefieren no dar datos oficiales.
Desde Rappi afirman a iProUP que ya cuentan con más de 5.000 deliveries en el país, mientras que desde el entorno de PedidosYa expresan que, luego de la reestructuración, el total de repartidores ronda los 1.000. De ese total, uno de cada cuatro sigue trabajando en relación de dependencia.
No obstante, Solana de Diego afirma que dentro del ámbito de los abogados laboralistas se calcula que la cifra total asciende a más de 350.000 personas. Esta estimación incluye a quienes trabajan actualmente y quienes las han utilizado al menos una vez de manera temporal.
La gran discusión sobre estas modalidades de empleo radica en si los repartidores -o choferes en el caso de Uber- deben ser considerados empleados en relación de dependencia.
"En Inglaterra y España, por citar algunos ejemplos, ya hubo fallos que determinaron que son empleados de la compañía, al ser trabajar entre 10 y 12 horas todos los días", señala Cerutti, para quien sí hay precarización y, además, evasión fiscal.
"PedidosYA, que inicialmente los tenía en regla, tuvo que despedir a más de 500 porque surgieron competidores, como Rappi o Glovo, que trabajan con ‘colaboradores’, lo que claramente constituye evasión", señala.
Del lado de enfrente, para De Diego, el propio avance de la tecnología es lo que da lugar al nacimiento de nuevas formas de trabajo, y esto exige una adecuación de la legislación laboral para que la normativa se vaya adaptando a los tiempos que corren.
"Primero fueron Amazon, Alibaba, Airbnb, plataformas de intercambio en las que cualquier persona puede mostrar sus productos y servicios", enumera la letrada, quien agrega: "La plataforma digital oficia de mediadora. El que vende y el que compra no tienen ninguna vinculación con la app. Sólo están las cuestiones civiles y comerciales propias de una transacción, pero nada laboral".
"Pareciera que cuando este mismo concepto se lleva a otro tipo de plataformas -como Rappi, Glovo o Uber- se desvirtúa, pese a que tienen el mismo funcionamiento. Lo cierto es que se trata de un vínculo tripartito en el que la plataforma es sólo una intermediaria para que una persona pueda hacerse de un dinero extra. Yo no veo que exista un vínculo laboral, sino una nueva forma de conectarse y trabajar", indicia De Diego.
El problema, según la abogada, es la normativa vigente: "Somos el país más costoso de América Latina en impuestos del trabajo. Nuestra legislación data del año 75 y hace 44 años no existía esta tecnología. Por ende, no tenemos una norma específica que regule la actividad de estas plataformas".
"Nuestra empresa presta un servicio de intermediación entre un socio conductor y un usuario que, a través de la plataforma, pueden celebrar un contrato de transporte entre privados. Este tipo de acuerdos está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación", complementa el responsable de Uber.
Para Cerutti una opción para clarificar este tipo de contrataciones sería la de asignarle otra categoría a este tipo de empleo. "Deberían tener un mínimo garantizado: seguro de salud, de accidentes, una mínima jubilación", afirma.
El problema es que en Argentina a una gran cantidad de compañías se les dificulta mantener a sus empleados en blanco porque se ven obligadas a destinar casi un 50% más que el salario en mano (neto) para cumplir con la ley.
Para De Diego, la solución pasa por regular y fijar normas claras. Y pone como ejemplo el sistema de Italia, ya que tiene una figura intermedia: "Los repartidores, si bien son independientes, tienen ART".
Recientemente la Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cese la actividad de las empresas de delivery en bicicleta. El fallo del juez Roberto Andrés Gallardo prohíbe la actividad de las firmas Rappi Argentina, Kadabra (Glovo) y PedidosYa hasta tanto acrediten haber dado cumplimiento a los mínimos requisitos legales.
A su vez, establece el diseño y ejecución de un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores que compense la reducción de sus ingresos hasta que se normalice la situación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Frente a esta medida, desde Glovo se mostraron "muy de acuerdo con generar una mesa de trabajo y un debate abierto hasta llegar a un acuerdo beneficioso para todos".
De manera mucho más reaccionaria, la empresa Rappi expresó que es una medida que "afecta a toda la industria de mensajería urbana y reparto a domicilio y pone en riesgo la continuidad de las fuentes de ingreso de miles de personas".
En el caso de Uber, si bien este fallo no afecta directamente su negocio, para Labaqui "la tecnología hoy juega un rol importantísimo a la hora de generar oportunidades económicas que antes no estaban al alcance ya que permiten canalizar a través de aplicaciones una demanda insatisfecha que no estaba estructurada, no era visible".
Solana de Diego es contundente: "Yo creo que sería un grave error jurídico, político, económico y social categorizar a estas empresas dentro de un contrato de trabajo porque destruiría automáticamente estas economías de trabajo colaborativo. Y si las destruye, significa que se van del país".
En Brasil ya sucedió. Glovo anunció hace apenas unas semanas que dejaría de operar por tratarse de un mercado extremadamente competitivo. Sin embargo, hay quienes aseguran que los motivos tienen que ver con un marco laboral que determina que los repartidores deben ser considerados en relación de dependencia.
Para la abogada, lo que se necesita en Argentina es "un decreto que las excluya de la Ley del Contrato de Trabajo, que diga que esto forma parte del fuero civil y comercial".
Con todo, el cambio tecnológico es irreversible. Hoy son estas aplicaciones, mañana serán otras. Seguirán surgiendo fallos, medidas parciales, pero si no es el Estado quien abrace y prevea la evolución 4.0, incorporando las nuevas formas de trabajo de la llamada economía colaborativa, subsistirá un vacío legal.