Los empleados del gobierno de los Estados Unidos podrán trabajar en políticas relacionadas sólo si se deshacen de sus criptomonedas.
Así lo estableció oficina de Ética Gubernamental (OGE) de ese país, que estableció nuevas reglas al citar que "es esencialmente un conflicto de intereses".
El reglamento cubre muchos aspectos relacionados con el mercado cripto, incluidas las stablecoins.
El aviso menciona que: "Un empleado que posee cualquier cantidad de criptomoneda o stablecoin no puede participar en un asunto en particular si sabe que ese asunto en particular podría tener un efecto directo y predecible en el valor de su criptomoneda o stablecoin".
Sin embargo, hay una excepción: Los empleados del gobierno pueden tener hasta u$s50.000 en fondos mutuos en empresas que trabajan en el espacio cripto, o cerca de él.
Pese a los riesgos, diferentes encuestas mostraron que 16% de los estadounidenses adultos (unas 40 millones de personas), invirtieron en criptomonedas.
En abril pasado, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, enfatizó durante un discurso en la American University que "se necesita más regulación gubernamental para vigilar la proliferación de criptomonedas y evitar transacciones fraudulentas o ilícitas".
Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos analiza las fases de desarrollo de pautas regulatorias para la moneda digital por excelencia.
En un primer momento, esta etapa se centra en la regulación y la fiscalidad de los activos criptográficos, proceso que es dirigido por Yellen y su adjunto, Wally Adeyemo.
Asimismo, las stablecoins son un objetivo principal para la regulación, con el reciente colapso de TerraUSD (UST) fresca en la mente de los legisladores.
La Reserva Federal (FED) de EE.UU. analiza lanzar una CBDC, que algunos dicen que puede coexistir con las stablecoins.
Por su parte, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) realiza una serie de investigaciones propias sobre el uso y regulación de las criptomonedas.