Esta semana se conoció en detalle el texto del acuerdo con el FMI, una vez que fue enviado al Congreso para su discusión. Fue entonces cuando se supo que contemplaba una disposición anti Bitcoin, que textualmente compromete al Gobierno «desalentar» el uso de criptomonedas en el país.
Los argumentos para tal petición: «salvaguardar» la estabilidad financiera y «prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación», según reza el «Memorando Técnico de Entendimiento».
Reportes confirmaron el viernes que, tras una sesión maratónica de 14 horas, los diputados argentinos aprobaron el texto legal, lo que representaría el primer aval para la implementación del acuerdo con el FMI. Se conoció que el debate se produjo en medio de intensas protestas de un grupo de ciudadanos argentinos.
Participantes relevantes del ecosistema de bitcoin y criptomonedas en Argentina coinciden en que, por ahora, no hay información suficiente para hacerse una idea de las repercusiones. De momento, el panorama luce incierto.
El jueves pasado la ONG Bitcoin Argentina, una asociación sin fines de lucro enfocada en la educación, solicitó al gobierno que permita el acceso a la información pública que respalda la aplicación de medidas sobre las criptomonedas. Aunque especialistas creen que lo más probable es que las autoridades no respondan a la petición.
Franco Bianchi, CMO de Lemon, una startup argentina que ofrece soluciones para pagos con criptomonedas, dijo a CriptoNoticias que el escenario «ideal sería trabajar en un contexto de reglas claras que fomente la adopción de criptoactivos como lo están haciendo algunos países, que promovieron leyes positivas sobre el uso de criptomonedas».
Por su parte, Franco Amati, un bitcoiner de gran relevancia para la comunidad argentina, comentó que, personalmente, está en contra de un acuerdo con el FMI, por las implicaciones que tiene para la ciudadanía en materia de impuestos e inflación. «La mención a ‘criptomonedas’ en el proyecto aporta nuevos argumentos en tal sentido», dijo Amati.
Según Amati, «se pretende poner como condicionamiento ‘desalentar el uso de criptomonedas’ para prevenir crímenes de pensamiento y hasta la ‘desintermediación’, lo cual solo en la arruinada mente de un burócrata puede tener una connotación negativa». El bitcoiner dijo sospechar que el FMI «quiere evitar nuevos intentos de financiamiento estatal vía Bitcoin como el de El Salvador».
Bianchi apela a que la comunidad argentina ha alcanzado un importante nivel de adopción, y que el país está llamado a ser «la capital mundial de cripto». En su opinión, esto queda evidenciado en hechos como que las entradas para ver en vivo a Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, en su visita a Argentina, se agotaron en apenas 3 minutos.
«La industria también está creciendo mucho y trabajamos en conjunto desde la Cámara Argentina de Fintech. Los propios usuarios de criptomonedas en la Argentina van a impulsar su uso por las ventajas que tienen el contexto económico argentino», señaló el ejecutivo de Lemon.
Franco Amati, por su parte, cree que es mejor esperar. «Veremos en los meses venideros qué tanto el gobierno argentino complica a las startups, trabajadores y usuarios del sector; en concreto, qué tanto respeta los mandatos del fondo», comentó.