Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que se basan en códigos encriptados de seguridad para certificar transacciones electrónicas de compra y venta de bienes y servicios, y de ellas existen ya cerca de 5.000, aunque sólo 40 presentan liquidez dentro del mercado. Dada su creciente adopción, las estafas y los fraudes son cada vez más comúnes en este mercado.
En esta ocasión, la Policía Federal de Brasil desmontó una organización acusada de haberse apropiado de unos u$s3.000 millones (1.500 millones de reales brasileños) de más de 7.000 clientes de los que captó recursos con promesas de elevadas ganancias con la compra de monedas digitales.
Unos 90 agentes de la fuerza de seguridad efectuaron este lunes 5 de julio, cinco órdenes de arresto y 22 mandatos de allanamientos y búsqueda de pruebas en residencias y oficinas de los apuntados, en los que fueron encontrados numerosos vehículos de lujo y grandes sumas de dinero en efectivo.
La investigación arrojó que los recursos de los clientes fueron desviados por el líder del grupo criminal que captaba inversiones a través de tres firmas diferentes, por su esposa y por algunos familiares y allegados.
El juzgado 23 federal de Curitiba ordenó las detenciones y los registros, además de determinar el embargo de múltiples inmuebles de los acusados y el bloqueo de sus cuentas bancarias y depósitos financieros.
Las operaciones de la organización se dieron principalmente en la ciudad de Curitiba. La misma comenzó a ser investigada en 2019 cuando sus propietarios hicieron una denuncia ante la Policía alegando haber sido víctimas de un ciberataque.
El grupo bloqueó entonces los valores de todos sus usuarios, que no consiguieron rescatar sus ahorros confiados, con el justificativo de que el ataque le impidió movilizar los depósitos en criptomonedas.
Desde el inicio de las investigaciones tanto la Fiscalía como la Policía Civil mantuvieron altas sospechas de que el ataque cibernético era falso y tan sólo una maniobra para ocultar el fraude.
Incluso, las autoridades aseguraron que los responsables de la organización no colaboraron con la investigación, al negarse a facilitar una serie de documentos y acogerse a la ley de quiebras, una medida que paralizó todos los rastrillajes y justificó la suspensión de los pagos a los acreedores.
Los investigadores concluyeron que la declaración de quiebra sólo tuvo por objetivo atrasar el esclarecimiento de los hechos y el resarcimiento de los clientes. A partir de entonces, iniciaron un proceso contra los responsables del grupo por los crímenes de estafa, lavado de capitales, asociación para delinquir, delitos contra la economía popular y violaciones a las normas del sistema financiero.
La Policía Federal de Brasil remarcó que "mediante el control de las tres operadoras de criptomonedas y con pesada inversión en estrategias de marketing, los responsables por el grupo atrajeron a numerosos clientes para que invirtieran sus recursos personales en las plataformas de la organización".
"Los investigados apostaban en la promoción de la imagen de éxito del grupo mediante la exhibición de propiedades y bienes de lujo y la realización de grandes eventos", agregó el ente policial.
La estructura delictiva operó más de dos años con apariencia de legalidad mientras incrementaba su clientela a través del modus operandi mencionado por la policía.
Además, la Policía describió que "mediante un ardid, los valores que los clientes invertían en las plataformas virtuales del grupo, tanto por la transferencia de criptomonedas como por depósitos bancarios, fueron en gran parte desviados en beneficio propio por el propio líder del conglomerado empresarial, su esposa y otros investigados".
Si bien por el momento se mantiene el anonimato del victimario, los investigadores también descubrieron que el líder de la organización ya había sido condenado en Suiza por los crímenes de estafa y falsificación de documentos.