El ministro de la Producción, Dante Sica, quiere que los gremios discutan modificaciones a los convenios colectivos, pero al mismo tiempo, éstos le reclaman que agilice algunos temas "demorados".
Entre esas cuestiones está la inscripción de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), que abarca a aquellas personas que prestan servicios para las aplicaciones tecnológicas como Rappi, Glovo y otras, indicó iProfesional.
Según Sica, la reforma permitiría "generar empleo", tras conocerse en los últimos días distintos indicadores económicos que reflejan el deterioro de la situación social y laboral.
En este sentido, dijo que "hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que terminan impidiendo las nuevas formas de contratación". Pero, además, sorprendió al plantear que la reforma "es más importante para los trabajadores que para los empresarios".
Los abogados corporativos consideran que la adecuación promovida por el Gobierno permitirá generar mayor cantidad de puestos de empleo, pero los representantes legales de dependientes consideran que pueden surgir situaciones conflictivas ante potenciales casos de abuso.
Hay algo en lo que todos los letrados coinciden: los acuerdos no podrán incluir cláusulas que perforen "el piso legal" estipulado en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y, así, que perjudiquen a los trabajadores.
Hace poco más de dos meses, la Secretaría de Trabajo de la Nación recibió un pedido para inscribir al primer sindicato de plataformas del país, la Asociación de Personal de Plataformas (APP), que busca organizar a los trabajadores que transportan productos y personas a través de distintas aplicaciones de celulares.
Se trata de un "caso testigo" para el Gobierno, dado que concentra un gran número de trabajadores que todavía se desempeñan sin un convenio. Al mismo tiempo, se da aquí la disputa con los sindicatos tradicionales, que no quieren este nuevo sector de actividad sea el puntapié de una "flexibilización".
En ese momento existían cerca de 13.000 rappitenderos, 5.000 repartidores de Glovo, 3.000 choferes de Uber, además de otra cantidad indeterminada de Mercadoni y Treggo. De esta manera, podrían ser más de 20.000 los trabajadores representados solo en la Ciudad de Buenos Aires. Y a nivel país, llegarían a ser más de 50.000. Desde ese momento, estiman que cerca de 10.000 personas comenzaron a prestar servicios para ese tipo de aplicaciones.
Denuncian que trabajan sin seguro de riesgos ni salario fijo y que las empresa decide las tarifas, las comisiones y los obligan a tributar (ya que están inscriptos en el monotributo) por las operaciones comerciales por las que ellos son responsables.
”Es una relación de dependencia encubierta. Tendrán que reconocerlo a mediano o largo plazo. Las otras aplicaciones tienen el mismo problema que nosotros: las empresas imponen y nosotros queremos que las empresas nos incluyan en la toma de decisiones", exclamó Roger Rojas, vocero de APP y delegado de Rappi.
Para debatir la situación de los "colaboradores" de las distintas apps, el Poder Ejecutivo creó la Dirección de Nuevas Formas de Trabajo, para conciliar las nuevas tecnologías con formas de labor más conocidas para la generación de empleo.
Los sindicatos son reticentes a regular una nueva forma de vinculación de estos trabajadores, ya que consideran que se trata de dependientes que deben tener la protección de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esta es la principal traba que encuentra el Ejecutivo, ya que teme que, en este escenario de desempleo creciente, las mencionadas apps dejen de prestar servicio en el país y miles de personas se queden sin generar un ingreso.
“A nivel mundial se están discutiendo las nuevas formas de trabajo y de resignificar el 'trabajo dependiente' y el 'trabajo autónomo', ya que habría una mezcla de ambos en muchísimos puntos”, explicó el abogado Juan Carlos Cerutti, director de Plan A, a iProfesional.
En Europa se fijar estándares mínimos para los “trabajadores” tanto dependientes como autónomos que realicen tareas, básicamente, para una empresa.
Además del proyecto de ley de prevención de accidentes -del que se están ultimando detalles-, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) impulsa la reglamentación de la cobertura a los trabajadores autónomos y monotributistas.
“Es una población laboral cercana a los 5 millones de personas y solo la mitad se encuentra formalizado”, le dijeron a iProfesional desde esa entidad.
El sistema cubre actualmente a 10 millones de trabajadores y 1 millón de empleadores. En principio, consideran que la alícuota para los monotributistas estaría en un piso cercano a los $700 y se iría incrementando de acuerdo a los riesgos propios de cada actividad.