El Santander ha iniciado una reestructuración de su red de oficinas en España, que se ha acelerado desde la declaración del estado de alarma por la pandemia. La entidad cerradó 400 oficinas, el 13% del total, mientras que otras 150 más solo las abre dos días a la semana.
Esta operación no tuvo despidos, pero ayer se reunió el banco con los sindicatos e inició los trámites de un ERE que podría superar las 2.000 salidas de trabajadores. Los representantes de los empleados han reclamado flexibilidad y procesos no traumáticos.
La crisis, los avances tecnológicos y la pandemia han acelerado la falta de uso de las oficinas por parte de los clientes. Fuentes del Santander admiten que existe una falta de utilización de las sucursales en estos momentos y que el banco está cambiando el modelo hacia oficinas más grandes, con más empleados y centradas en el asesoramiento de productos.
Esta situación ha llevado a cerrar 400 oficinas y dejar intermitentes otras 150, unas 550 en total, lo que supone un 18% de la red del banco en España. Fuentes sindicales indican que se trata de cierres relacionados con la covid, la búsqueda de la rentabilidad, problemas de escasez de clientes y que algunas oficinas estaban duplicadas desde la compra del Banco Popular, en junio de 2017. Por un motivo o por otro, alrededor de medio millar podrían sumarse a los cierres de otros ejercicios.
Entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2019, el Santander ha prescindido de 742 oficinas, un 20% del total. Este año aspira a consolidar estos cierres, pero todo esto pasa por reducir plantillas.
Por este motivo, ayer el Santander lanzó formalmente el arranque del expediente de regulación de empleo (ERE) en España. Así se lo comunicó a los sindicatos a los que explicó que los despidos afectarán a "todos los centros de trabajo": red comercial, servicios centrales y centro corporativo. También dijeron que incluirían movilidad física y funcional.
El banco ha justificado el futuro plan de transformación y eficiencia en causas económicas, organizativas y productivas y sin despejar cuál será el impacto específico en términos de empleo, según han detallado los sindicatos al término del encuentro. Los representantes de los trabajadores esperan conocerlo en su próxima reunión del 6 de noviembre.
El Santander ha expuesto la necesidad de buscar eficiencias y rentabilidad y adaptarse a la reestructuración del sector, a la vez que está obligado a invertir más en tecnologías y transformar estructuras. CC. OO indicó que ha insistido al banco en que cualquier ajuste que se aborde tenga lugar "a través de medidas de flexibilidad interna y en todo caso a través de procesos no traumáticos que respeten" los derechos de una plantilla que ha contribuido "con su esfuerzo a situar al Santander como una empresa líder".
UGT exigió que los empleados no sean los que asuman "el mayor costo en todos estos procesos" y reprochó a la presidenta, Ana Botín, que dijera que no iba a haber despidos mientras durara el estado de alarma.