Las calles están copadas por ciclistas de todos los colores. La distribución de alimentos, medicamentos y otras mercancías, en época de confinamiento en las grandes ciudades del mundo, depende en gran medida de aplicaciones como Rappi, Glovo. PedidosYA, entre otras.
A nivel local, desde que comenzó la cuarentena, los supermercados duplicaron su volumen para compras de abastecimiento,y los de farmacia aumentaron casi 80%, explican desde Glovo a iProUP. La demanda de pedidos creció un 60% en el horario de la cena y en la franja de la tarde, cerca de 20%.
Sin embargo, junto con el incremento de su adopción emergieron una serie de demandas y reclamos, tanto de usuarios como de comerciantes, que se suman al ya consabido cuestionamiento acerca de la relación de precariedad que existe entre las plataformas y los riders.
Las quejas se centran en el uso de cláusulas abusivas en relación a las comisiones que cobran estas apps, sobre todo a los pequeños comerciantes que no tienen el volumen de ventas ni la cantidad de locales para negociar en igualdad de condiciones.
Esto ocurre un escenario en el que la mayoría de los negocios de venta de comida a la calle bajó la persiana hace más de 100 días y los que pudieron seguir funcionando a puertas cerradas necesitan como nunca de los repartidores para llegar con sus productos a los usuarios.
Ante la pregunta sobre cuánto cayeron las ventas, Ariel Amoroso, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), responde a iProUP de modo contundente: "La facturación es cero".
La gastronomía en la Ciudad de Buenos Aires está representada por 8.000 empresas que les dan empleo a más de 60.000 personas. "Estamos haciendo lo que podemos para no cerrar los locales, esta es la situación del sector. Somos mano de obra intensiva y tenemos mucho personal. Por cada negocio chico que se ve, hay 10 o 12 empleados", enfatiza.
Eduardo Perret, dueño de Selena Kitchen and Coffee Bar, señala a iProUP que cuando las app comenzaron a operar, las comisiones eran del 10% o 15%. Ahora, además de haberlas incrementado, cobran adicionales para posicionar a los comercios dentro de la plataforma y el valor de todo el combo termina siendo excesivo.
"Los gastos de publicidad para competir con las otras aplicaciones y posicionarse se trasladaron a las comisiones que cobran a los negocios y esto hizo que no fuera viable para nadie", enfatiza.
La situación es tan agobiante que el Frente de Todos impulsa un proyecto en la Legislatura porteña para establecer un límite del 15% de comisión para los comercios socios de las apps de delivery.
Las aplicaciones manejan una escala de comisiones que varía del 15 al 40% según el tamaño del comercio. Así, una cadena de comida rápida podrá negociar un porcentaje menor siempre que pueda asegurar una mayor demanda, mientras que el pequeño comercio termina pagando entre el 30% y 40% de cada venta.
"Actualmente, el ticket promedio de un usuario ronda los $700 porque desde que comenzó el aislamiento muchas marcas promovieron combos para compartir", explican desde Glovo.
Aunque se excusan de dar porcentajes, agregan que existen diferentes rangos de comisiones que dependen de distintos factores que lo hacen específico para cada comercio según la cantidad de sucursales, el volumen de ventas y la antigüedad en la aplicación, entre otros.
"Se trata de una relación comercial en la que el comercio recibe una serie de beneficios, como la exposición en una plataforma con 600.000 visitas promedio por día, un potencial aumento en su volumen de ventas de entre 200% y 500%, herramientas de marketing proveídas por la app y, lo más importante, el servicio de envío de sus productos", detallan.
En Rappi coinciden en señalar que la tarifa por las ventas generadas varía de acuerdo al tipo de producto que ofrecen los comercios o la cantidad de sucursales y que las comisiones que cobran no son el margen de utilidad percibido por la compañía.
"Al distribuir las ganancias por cada venta realizada entre los repartidores y los comercios, Rappi percibe un porcentaje que es menos de la mitad por cada ticket", indican a iProUP.
Para Amoroso, las plataformas no acompañan la dura realidad del sector retail pese a ser las grandes ganadoras de esta cuarentena. "La parte fuerte es que te muestran el producto, pero después son muy problemáticas por los porcentajes que cobran y forma de pago: puede demorar más de 30 días, aunque el cliente haya pagado en efectivo. Están haciendo su negocio", resalta.
Los entrevistados afirman que los comercios comenzaron a necesitar de estas aplicaciones para colocar sus productos y a los nuevos que se incorporaron durante la pandemia les cobran comisiones más altas que aquellos con las que ya tenían acuerdos previos.
"Las plataformas funcionan aparentemente como si sólo fueran una app y tuvieran una existencia únicamente virtual, pero esconden la verdadera prestación del servicio", explica a iProUP Juan Manuel Ottaviano, colaborador del CETyD (Unsam) y abogado asesor de trabajadores de la Asociación de Personal de Plataformas (APP).
Y subraya: "Descargan toda su responsabilidad sobre usuarios, comercios y trabajadores con cláusulas que las eximen de toda responsabilidad, como si solo fuera una aplicación digital, cuando en realidad son empresas prestadoras de servicios de venta y reparto".
En su visión, cada costo de la operación recae en:
Y agrega que durante la pandemia el debate que surgió ronda la siguiente pregunta: ¿cuál es la responsabilidad que tienen estas plataformas frente a usuarios, trabajadores y proveedores en función de la actividad económica que efectivamente realizan?
"Lo que están haciendo es transferir el costo impositivo a los comerciantes. No es que no estén pagando impuestos, sino que pagan menos de lo que les corresponde", enfatiza.
Según Ottaviano, la pandemia debilitó todavía más la posición de los pequeños comerciantes y aceleró un proceso que ya venía sucediendo con el avance del ecommerce y el retroceso de los negocios a la calle. El letrado remarca que "no se está regulando a estas plataformas como prestadores de servicio de venta y reparto, y se insiste con la idea de que solo tienen una existencia virtual".
"Esto no hace más que alentar un modelo de concentración económica que se da libremente por las reglas del mercado: al no haber regulación gana el más fuerte y hoy el actor más fuerte es, precisamente, la plataforma", completa.
Amoroso coincide en que tal como está planteado, el acuerdo va en detrimento de los comercios. En ese sentido, ya tuvieron una reunión con funcionarios del Gobierno de la Ciudad y la Legistatura porteña para comenzar a pensar una regulación para las plataformas.
"No puede ser que terminen ganando más dinero que el comerciante, que produce la mercadería y la vende, cuando algunas ni siquiera tienen una oficina en la Ciudad. No corresponde que así sea", dice.
Los dos reclamos más importantes consisten en que bajen las comisiones y achiquen los plazos para rendir el dinero a los comercios. "No tiene ningún sentido que estas empresas cobren en el momento y nosotros a los 35 días", agrega.
Luego de que se decretara el aislamiento y con el correr de los días, Rappi incrementó la cantidad de repartidores 25%, sobre los 10.000 que habían realizado al menos un pedido en marzo. Glovo, por su parte, tiene más de 8.000 inscriptos como usuarios en la plataforma, en las siete ciudades en las que opera.
El caso de PedidosYa es aún más complejo: no sólo comenzó teniendo cerca de 1.000 repartidores en relación de dependencia, sino que para competir con sus rivales en iguales condiciones redujo 80% esa cifra y sumó mensajeros monotributistas. De hecho, la firma acaba de recibir un duro revés de la Justicia que la obliga a reincorporar a un ciclista que fue bloqueado en su plataforma en el marco del decreto 329/2020 que insta a las empresas a no despedir personal durante la cuarentena.
Según Gonzalo Ottaviano, secretario de la Asociacion Sindical De Motociclistas Mensajeros Y Servicios (ASiMM), PedidosYa tiene unos 200 repartidores en relación de dependencia (supo tener cinco veces más) y unos 5.000 bajo el modelo de monotributo sólo en CABA.
"El diálogo lo estamos dando en el Ministerio de Trabajo hace desde ya unos meses y también en la Legislatura, en la que hay un proyecto del oficialismo que no compartimos para nada", remarca el dirigente.
El gremialista señala que "a los repartidores registrados que tiene la firma no se les respetó el último aumento por un tecnicismo y el resto de los ciclistas exige que se los incluya dentro de la Ley de Contrato De Trabajo". Esto último también exigen los de Rappi, Glovo y Uber Eats.
Las negociaciones con el Ejecutivo nacional están relacionada con el proyecto de estatuto que promueve la cartera de Claudio Moroni, que busca ofrecer mayores derechos a los 60.000 empleados de aplicaciones y hoy está siendo analizado por los diferentes actores sociales, tal como adelantaría iProUP. Los principales puntos se destacan en la siguiente infografía:
Sin embargo, para Juan Manuel Ottaviano, de APP, habría que escuchar a los propios trabajadores del sector que no se conciben a sí mismos "ni como socios, ni como empleados 100% dependientes, sino que se autoperciben de una manera más compleja".
Y agrega que es importante reconocer la cuota de libertad que el modelo plantea y es valorada por ellos, sin barrer con los derechos laborales que les corresponden.
En ese sentido, el gran desafío que tienen por delante todos los actores que interactúan en el marco de estas plataformas es el de promover un debate que contemple la complejidad en las que están estas nuevas relaciones laborales y comerciales.