El gobierno de Lacalle Pou ve una oportunidad en atraer fortunas al país cuando vuelva la circulación de personas y así reactivar el sector inmobiliario urbano y también el rural. Para eso, estaban trabajando en un decreto reglamentario que les permita a los extranjeros obtener la residencia fiscal con mayores facilidades que las actuales.
En ese sentido, los argentinos parecen ubicarse en primer lugar en la lista de futuras solicitudes.
En rigor, la primera oleada de consultas fue luego de las PASO de agosto del año pasado. La segunda fue en enero cuando Lacalle Pou hizo públicas sus intenciones de atraer argentinos de alto poder adquisitivo al Uruguay.
Cabe recordar que en agosto del año pasado los depósitos de extranjeros, según el Banco Central uruguayo, estaban en valores mínimos históricos y fueron subiendo hasta abril de 2020, cuando se contabilizó la mayor cantidad desde mayo de 2017.
El proyecto
Las discusiones sobre un nuevo impuesto a las grandes fortunas también ofició de disparador para las consultas sobre la posibilidad de radicación fiscal en otro país. Aún así, la demanda de cajas fuertes de argentinos ya se había disparado antes de la cuarentena.
"En Torre Ejecutiva confían en que atraer argentinos de alto poder adquisitivo es una forma de reactivar algunos sectores de la economía. Y, por eso, trabajan en un decreto que se publicará en estos días para realizar modificaciones a los requisitos para acceder a la residencia fiscal", aseguraron fuentes del gobierno uruguayo al medio El Observador de ese país.
La intención del gabinete es hacer la residencia fiscal más accesible. Por eso estudian bajar los requisitos de inversiones de 1,8 millones de dólares en bienes inmuebles a 500 mil dólares y también acortar la permanencia mínima para la solicitud de la residencia a los 60 días corridos.
Un plan ambicioso
Pero a Uruguay no lo puso de moda Lacalle Pou con su provocadora propuesta. Hace tiempo que este socio del Mercosur viene captando el interés de más empresas argentinas que buscan poner un pie fuera del sistema de retenciones a las exportaciones, de las restricciones al mercado de cambios y de las crecientes trabas a las importaciones.
Y, como contrapartida, están eligiendo Uruguay por los beneficios impositivos, la baja conflictividad laboral y el acceso libre al dólar. Se estima que, a fines de 2019, eran cerca de 350 las compañías de capitales albicelestes instaladas en el territorio, con un stock de inversiones que supera los u$s5.300 millones.
Mercado Libre, sin dudas, es la cara principal de esta oleada, con una estructura importante, que sobrepasa los 900 empleados y explica cerca del 13% de todos los puestos de trabajo que genera.
Su posición privilegiada en territorio uruguayo y las posibilidades concretas de expandir los servicios que brinda desde allí a toda la región, en lugar de hacerlo en Buenos Aires, se convirtieron el año pasado en la punta de lanza de una estrategia de "contraofensiva" frente a los embates que recibió Marcos Galperin del gremio bancario y de Camioneros por el encuadramiento sindical de sus empleados.
Pero por detrás de este unicornio hay numerosas empresas nacionales de diversos rubros y tamaños que vienen operando en el país vecino.
El último dato oficial, que corresponde a 2017, consigna que son 300 las compañías. Sin embargo, la cifra que maneja el mercado hasta 2019 ya habla de 350, con un gran número de Pymes y emprendimientos que se fueron sumando a lo largo de 2019, a medida que se agravó la crisis económica en la Argentina y se comenzó a restringir el acceso a los dólares.
De hecho, la propia agencia oficial de inversiones del país vecino organizó en Buenos Aires (justo una semana antes de que asumiera Alberto Fernández) un seminario en el que se presentaron alternativas de inversión y que fue a salón lleno, con más de 100 empresarios locales.
El objetivo de Uruguay XXI fue "importar" compañías de rubros específicos como el farmacéutico, agronegocios y tecnológico.