Parece un fenómeno nuevo, pero ya hace casi una década que los argentinos pueden pedir comida a domicilio a través de Internet. PedidosYa fue la primera en llegar al país, pero el debate en torno a las apps de delivery no comenzó sino hasta 2018, cuando aterrizaron Rappi y Glovo.
La pionera, que hoy tiene el mayor rango de cobertura, había arrancado con los "papeles en regla": tenía unos 1.000 repartidores en relación de dependencia hasta la llegada de sus rivales, que enarbolaron la bandera de un fenómeno que tiene diferentes nombres según quién lo mire: Gig Economy (Economía de la "Changa", en criollo) o Economía Colaborativa.
En efecto, Rappi y Glovo no implementaron la contratación de personal, sino que apelaron a la figura de un prestador de servicios, quienes deben inscribirse en el Monotributo y presentar una factura para recibir el pago por sus tareas.
El año pasado, PedidosYa no tuvo más remedio que reducir a la mitad la cantidad de empleados "en blanco" para hacerle frente a un competencia que consideró desleal frente a los mayores costos que debía enfrentar.
La medida derivó en las frecuentes protestas de la Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros y de Servicios (ASiMM), que no sólo veía cómo sus empleados eran despedidos sino que presenció cómo en la sede original de Rappi emergía la Asociación de Personal de Plataformas (APP).
A pesar del enfrentamiento entre ambos sindicatos, el reclamo era el mismo: la precarización laboral. Si bien desde las aplicaciones hablan de "no exclusividad" y la "elección de la duración de la jornada" como principales baluartes que los mantendrían a salvo de la relación de dependencia, los riders vienen exigiendo los beneficios básicos de cualquier empleado.
Al evitar incorporación a planta permanente, las aplicaciones abonan a los ciclistas -se estima que hay un total de 80.000 en todo el país- sólo el total del cargo por el servicio (unos 60 pesos) y le cobran una comisión a los comercios (restaurantes, supermercados, quioscos, etcétera) que participan de la plataforma.
Pero el panorama cambiará en las próximas semanas cuando, finalmente, el Gobierno impulse el primer proyecto de ley a nivel mundial que regularice este sector y las empresas ya están recalculando su modelo de negocio.
El presidente Alberto Fernández indicó en un más de una oportunidad que su gobierno fomentaría "el empleo registrado en las empresas, que es el que tiene aguinaldo y vacaciones pagas", en contra de la "precarización" que atribuyó a la anterior administración, la cual había impulsado sin éxito un proyecto similar al TRADE (Trabajador Económicamente Dependiente) de España.
"Sólo propusieron dos artículos. Este proyecto tiene 41", remarcan a iProUP fuentes cercanas a la redacción del borrador que el titular de la cartera, Claudio Moroni, encargó a un equipo compuesto por tres expertos en legislación laboral: Eduardo Álvarez, Pablo Topet y Alejandro Ferrari.
La iniciativa no contempla actualizar la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sino generar un estatuto para formalizar a los repartidores. Es decir, se crean condiciones específicas para esta nueva forma de empleo no contemplada en la legislación actual. No obstante, la LCT será "aplicable en ciertos escenarios en los que sea compatible".
"La idea fuerza del proyecto bajo la cual se estructura este estatuto es la soberanía del tiempo de trabajo: la posibilidad que brinda la tecnología a una persona para que decida cuándo trabaja", subrayan desde el Ministerio.
De esta forma, el proyecto se articula en los siguientes puntos clave:
- Salario: "La remuneración se vincula con el tiempo de trabajo", destacan desde el Ministerio. De esta forma, se contempla un componente fijo del Salario Mínimo y otro variable según la cantidad de repartos, períodos de espera y entrega. La jornada máxima será de 48 horas semanales y se establece el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo)
- Condiciones del reparto: "Si se realiza en condiciones de lluvia, se añadirá un 10% por ese servicio. Si los elementos de trabajo, como la bicicleta o la mochila, son propiedad del repartidor, se sumará un 20%", explican desde la cartera
- Salud: las fuentes anticipan que se "conformará un fondo a nombre del trabajador, pero con aportes mensuales de las empresas en base a tres remuneraciones diarias promedio abonadas en los últimos seis meses". Ese dinero puede extraerlo el ciclista si requiere tratamiento por enfermedad o accidente. Además, podrá utilizarlo "hasta agotarlo" y sin pedir permiso ni entregar certificados médicos. "Si no lo usa, a fin de año, podrá retirarlo o dejarlo para que se siga prolongando", añaden
- Despido: en caso de desvinculación unilateral por parte de la compañía, el repartidor accederá a una indemnización que se compondrá de un sueldo por cada año trabajado, calculando el haber promedio de los últimos seis meses
- Recibo de sueldo electrónico: como el ciclista no acude a una oficina, todos los meses recibirá un certificado digital, en lugar de presentar facturas. Además, la empresa deberá encargarse de efectuar el alta temprana de cada empleado en el sitio de la AFIP, como lo realiza cualquier otra firma en el país
- Derecho a la información: "Añadimos esta cuestión para que el trabajador conozca cómo funciona el algoritmo y tenga una instancia de defensa con respecto a las calificaciones de los usuarios", revelan las fuentes. Además, habrá inspecciones del Ministerio. Las empresas no podrán discriminar a repartidores, aunque sí reducir la cantidad de pedidos en los horarios de baja demanda
- Régimen disciplinario: cuando se loguee, el ciclista no podrá rechazar servicios. Si durante 30 días no realiza ningún reparto, la compañía puede desvincularlo por "justa causa"
- Vacaciones: la extensión será de un día por cada 15 trabajados
- Licencias: "No fueron contempladas porque no aplican: el repartidor decide cuándo trabaja", señalan
- Otros derechos: las compañías deberán contratar una aseguradora de riesgos de trabajo (ART), en tanto que los trabajadores mantienen su derecho a la sindicalización y a huelga
"El proyecto ya circuló entre algunos actores sociales (gremios) y en estos días tendremos reuniones con las empresas, las comisiones de Trabajo de Senadores y Diputados, el sector académico. Dos semanas más tarde se enviará al Congreso", revelan desde el Ministerio.
Además, las fuentes señalan que si bien existen otras aplicaciones (como Uber o Cabify, por ejemplo), sólo tuvieron en cuenta a los repartidores porque se encuentran un grado mayor de vulnerabilidad y precarización. Aunque no descartan avanzar más adelante con otras plataformas.
Las empresas de delivery esperan el llamado del Ministerio de Trabajo para calcular el impacto de la medida sobre su negocio. "Todavía no nos contactaron", responden ante la consulta de iProUP.
"Nos parece interesante que hoy se esté dando esta conversación que tiene en cuenta la realidad de muchas personas que utilizan apps de delivery. Es importante que una legislación contemple la naturaleza de la actividad, ya que de lo contrario atentaría contra la posibilidad de miles de repartidores de acceder a una fuente de ingresos", se limita a responder Uber Eats.
Según fuentes consultadas por este medio, las plataformas esperan las negociaciones para llegar a un punto común que asegure que no se le disparen demasiado los costos y, al mismo tiempo, bajar los reclamos sindicales y limpiar la imagen de empresas que precarizan personal. "Hubo rotación de ejecutivos que no quisieron quedar 'pegados' a compañías polémicas", aseguran.
Lo cierto es que se trata de un negocio que basa su éxito en la reducción al máximo de gastos para ganar por alto volúmenes en base a los denominados "micropagos", un modelo que inició Apple vendiendo temas y aplicaciones para el iPhone a un dólar.
"Las intenciones son buenas, pero se deberá negociar con las aplicaciones porque se puede generar la expulsión de estos emprendimientos que ofrecen a una importante cantidad de personas conseguir trabajo de forma automática", alerta Solana de Diego, abogada laboralista del estudio De Diego y Asociados.
De acuerdo con la letrada, "incluir a trabajadores independientes en el modelo de relación de dependencia dispara los costos de las apps, no sólo por los aportes y contribuciones a la seguridad social, sino también por la indeminización en caso de extinción".
"Las aplicaciones tienen un sistema muy inteligente para habilitar y deshabilitar ciclistas en base a un calificación 360 en la que el rider es rankeado por los comercios y usuarios y, a su vez, evalúa a los comercios y consumidores", agrega De Diego, quien remarca que cuando se da de baja a "un repartidor es porque no tuvo un trato cordial con el comercio o el consumidor".
En cambio, para su colega Juan Carlos Cerutti, del estudio Plan A, la iniciativa es "brillante" y calificó al triunvirato que realizó el borrador como "excelentes profesionales con muy buenos antecedentes en derecho laboral".
"Es un puntapié inicial para cubrir este tipo de trabajo y nos dará la visión nueva de una forma de contratación que no he visto en ningún país del mundo", analiza Cerutti, quien añade: "Las plataformas podrán bajar la conflictividad laboral y tener a los ciclistas registrados a un costo muy bajo".
En este sentido, el letrado señala que el proyecto estipula la base de $16.000 brutos para el salario mínimo contra los $25.000 que supondría utilizar el convenio aplicable del Sindicato de Comercio.
Ante la falta de cifras oficiales de las plataformas de delivery, fuentes del sector aseguran que la remuneración actual de un repartidor de aplicaciones se ubica entre los $19.000 y los $22.000 en mano, lo que supone un promedio 12 viajes diarios y una dedicación de 45 horas semanales.
Pero esto sólo abarca repartos efectivos: no contempla tiempos muertos (espera en locales y recorridos), extras por condiciones climáticas, fondo de salud, vacaciones ni aportes patronales. Por lo que el proyecto podría disparar al doble los costos de las plataformas, las cuales podrían a su vez duplicar los conceptos por envío y la comisión a los comercios para cubrir ese gap.
"Lo más probable es que las apps prefieran subir más el fee a los restaurantes para que el envío no actúe como una barrera para el consumidor. Además, muchos comercios venden más por el celular que por mostrador y hasta ampliaron su negocio gracias a una mayor exposición en las apps", destaca un experto del mercado.
Así, las plataformas esperarán sentarse con el Gobierno y buscar ese camino intermedio que cambie lo menos posible su esquema low cost. De hecho, dos de ellas (Rappi y Glovo) están constituidas en el país como sociedades por acciones simplificadas (SAS), que requieren menores desembolsos que las SA o las SRL, entre otras ventajas. Otra cuestión que el Gobierno analiza redefinir.