La red social de empleos LinkedIn, propiedad de Microsoft, fue multada con 310 millones de euros (equivalentes a casi u$s335 millones) en Europa.
La plataforma estuvo en el centro de la polémica en septiembre por revelarse que entrenaba modelos de IA con datos de sus usuarios sin su consentimiento explícito.
En esta ocasión, el grupo fue sancionado justamente por presuntas violaciones relacionadas con la protección de datos personales en la Unión Europea (UE).
La sanción fue impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), que actúa como el principal regulador de privacidad para LinkedIn en la UE, debido a que la sede europea de la compañía se encuentra en ese país.
La investigación reveló que LinkedIn no informó de manera adecuada a sus usuarios sobre cómo sus datos personales estaban siendo utilizados para ofrecer publicidad personalizada, lo que constituye una infracción del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
"La legalidad del procesamiento (de datos personales) es un aspecto fundamental de la ley y su empleo sin una base legal adecuada es una violación clara y grave del derecho fundamental", detalló en un comunicado Graham Doyle, comisionado adjunto de la DPC.
Esta normativa exige que las empresas sean completamente transparentes sobre el uso de la información de los usuarios y establece severas sanciones para las violaciones de estos principios.
Este caso se suma a una serie de multas impuestas a grandes empresas tecnológicas por incumplimientos de las estrictas leyes de privacidad de la UE, incluyendo a otras como Meta y Uber, lo que refuerza el compromiso del bloque en proteger los derechos de los ciudadanos frente al uso indebido de sus datos.
LinkedIn sostuvo estar comprometido con la privacidad de sus usuarios y que revisará el fallo para decidir si apelará. Para ello, la plataforma de Microsoft tiene 3 meses para ajustarse a las normativas. En caso de eludir las sanciones y las regulaciones, la infracción puede llegar a crecer y ser más severa.
El caso contra LinkedIn inició con una denuncia en Francia en 2018, presentada por organización sin fines de lucro de derechos digitales, La Quadrature Du Net. La autoridad de protección de datos del país galo trasladó la denuncia a la DPC, que recién inició su investigación casi seis años después.