El veto a la movilidad jubilatoria presentó un ahorro fiscal significativo para el Gobierno, estimado en un 0,5% del PBI en 2024 y entre un 0,5% y 0,7% del PBI proyectado para 2025.
Este veto fue posible gracias al rápido cambio de postura de sectores clave del Congreso, como el PRO y algunos radicales, quienes abandonaron sus posiciones previas en cuestión de semanas.
Aunque políticamente polémico, ajustar las jubilaciones parece tener bajos costos, ya que los jubilados son un grupo con escasa representación política y su caudal de votos es limitado. Además, en el marco de una demografía que envejece, se les percibe como un sector que pronto dejará de tener relevancia electoral.
Este enfoque pragmático hacia el ahorro fiscal, sin embargo, ignora las complejidades sociales. Ajustar a los jubilados puede parecer políticamente rentable, pero es una decisión que afecta a una de las poblaciones más vulnerables, en medio de una inflación desbordada y un deterioro constante del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas.
Más allá de la política, este veto es un recordatorio de que la economía argentina sigue necesitando ajustes profundos, pero con un costo social que impacta directamente a quienes más dependen del Estado.
En contraposición, el veto a la ley de financiamiento universitario representa un desafío mucho más peligroso para el Gobierno. Este veto afecta no solo a un sector fundamental en términos de formación y movilidad social, sino que también toca un ícono del orgullo argentino.
La universidad pública, particularmente la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se sitúa en el puesto 71 del ranking QS, es considerada un símbolo de excelencia académica en América Latina, comparable al reconocimiento internacional que Argentina recibe por su fútbol.
El ahorro fiscal del veto a las universidades es mucho más modesto, alcanzando apenas el 0,14% del PBI, una cuarta parte de lo que ahorra el veto a la movilidad jubilatoria. Sin embargo, el impacto político y social podría ser inmensamente mayor.
Las universidades públicas no solo brindan educación a la clase media y baja, sino que también representan la posibilidad de ascenso social en un país donde la desigualdad se profundiza.
Para muchos jóvenes, la universidad pública es la única puerta de salida a una vida mejor, y tocar este sistema podría encender una chispa de resistencia social.
Además, las universidades nacionales no solo forman a los profesionales del futuro, sino que también son el semillero de la clase política y económica. Muchos de los actores que hoy gobiernan pasaron por las aulas públicas.
Así como el fútbol forma a las estrellas del deporte, las universidades públicas forman a los dirigentes del país. Por ello, atacar su financiamiento tiene consecuencias que trascienden lo educativo: afecta también a la casta política que el gobierno de Milei ha buscado desafiar.
El impacto del veto universitario se agrava por las difíciles condiciones económicas que enfrenta Argentina. La clase media, castigada por una inflación que supera con creces el promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC), vio deteriorarse su poder adquisitivo y sus patrones de consumo en rubros esenciales como vivienda, transporte, salud y servicios.
Mientras que el Gobierno aumentó tarifas y ajustado impuestos, la educación universitaria sigue siendo uno de los pocos servicios estatales que la clase media valora y percibe como funcional. Para muchos, este veto representa un ajuste más, en una cadena de decisiones que parecen golpear siempre a los mismos sectores.
El recorte en el financiamiento universitario podría ser el primer ajuste de Javier Milei que provoque una reacción social significativa.
A diferencia del veto a las jubilaciones, este acto afecta al presente y al futuro, y podría movilizar a un sector que hasta ahora ha sido relativamente pasivo.
No es solo una cuestión económica, sino también simbólica: el Gobierno ataca uno de los pocos bastiones del orgullo nacional, en un contexto en el que la clase media, y en menor medida la clase baja, ya se sienten profundamente defraudadas por la gestión estatal en áreas como seguridad, salud y justicia.
Este veto llega en un momento crítico para la gestión de Milei. Tras promesas incumplidas y un discurso cada vez más beligerante, la paciencia de la sociedad podría estar llegando a su límite.
La situación económica no muestra signos de mejoría en el corto plazo: los costos de producción siguen aumentando, las ventas no repuntan y el consumo privado se desploma.
A esto se suma un tipo de cambio que, aunque controlado, no refleja la verdadera situación macroeconómica del país. Las perspectivas de una recuperación sólida son, por el momento, inciertas.
En este marco, el veto a la ley de financiamiento universitario podría convertirse en un punto de quiebre para la actual gestión. Podría ser la primera señal clara de que la sociedad no está dispuesta a aceptar más ajustes sin una respuesta contundente.
Mientras el Gobierno apuesta a que la crisis económica se controle con medidas de austeridad, la clase media y los sectores populares podrían estar preparando una reacción que vaya más allá de la crítica pasiva.
*Por Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil